Según el artículo 18 de la Constitución, el objetivo del régimen penitenciario es “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”. La reforma de 2011 a ese artículo añadió el respeto a los derechos humanos como la base del sistema carcelario, junto con el trabajo, la educación, la … Continued
Según el artículo 18 de la Constitución, el objetivo del régimen penitenciario es “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.
La reforma de 2011 a ese artículo añadió el respeto a los derechos humanos como la base del sistema carcelario, junto con el trabajo, la educación, la salud y el deporte.
Las cárceles mexicanas han ido en sentido contrario: sobrepoblándose, corrompiéndose y volviéndose escuelas del crimen, no de rehabilitación y reinserción, como les pide la Constitución.
Entre 1995 y 2004 la población penitenciaria en México se duplicó. Tuvo una tasa de crecimiento promedio de 8.3 por ciento. Después de 2004, el crecimiento anual fue menor, de 2.7 por ciento, pero sobre una base de presos mayor.
Un factor legal de este crecimiento de los internos ha sido la justicia punitiva, consistente en hacer más duras las penas, más largas las sentencias y mayores los delitos de prisión obligatoria.
Las precarias condiciones de vida y de funcionamiento de las cárceles permiten a los grupos criminales internados crear un sistema de autogobierno dentro de los mismos penales.
El 80 por ciento de las cárceles de México lo gobiernan los reclusos. Algunas de ellas son fortalezas del crimen desde las cuales se planean y ejercen distintos delitos. Una enorme cantidad de llamadas de secuestradores a sus víctimas sale de las cárceles. De algunas cárceles los reclusos salen a delinquir por la noche y regresan a ellas de día, como a un santuario.
La contaminación criminal que se da en las prisiones, puede sugerirse en el hecho de la alta reincidencia criminal, que fue de 15.5 por ciento en 2012. Todo lo contrario de la reinserción social buscada.
La sobrepoblación ha reducido el número de funcionarios y custodios per cápita de nuestras cárceles. En 2011, en las cárceles del fuero común, las de los estados, había 7.1 internos por cada funcionario o custodio. Y cada preso costaba 137.42 pesos diarios.
Por todo esto, las cárceles mexicanas son grandes negocios de extorsión, venta de droga y privilegios para quienes la gobiernan.
Un minucioso y aterrador atentado cotidiano contra el criterio constitucional que las norma.
(Con datos de Juan Pablo García Moreno y de “La cárcel en México: ¿Para qué?”. México Evalúa, 2013)
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