De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) retiró hasta 81 millones de pesos del dinero que se ha decomisado al crimen y lo repartió entre distintas dependencias sin hacer ninguna notificación. Según el informe, el … Continued
De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) retiró hasta 81 millones de pesos del dinero que se ha decomisado al crimen y lo repartió entre distintas dependencias sin hacer ninguna notificación.
Según el informe, el Gobierno Federal acumuló 125 millones de pesos producto del decomiso de dinero en efectivo por 160 procesos penales federales. Entre 1996 y 2012, el SAE también recibió bajo su custodia 3 mil 375 bienes inmuebles y seis inmuebles declarados como incautados a delincuentes con sentencias condenatorias.
De ese monto, retiró 81 millones de pesos para entregar 27 millones a la Procuraduría General de la República (PGR), 27 millones a la Secretaría de Salud (SSA) y otros 27 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin enterar de esta última parte a la Tesorería de la Federación.
Además, la ASF observó que parte de estos aprovechamientos “no fueron canalizados” por la vía del Presupuesto de Egresos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de acuerdo con las reformas que entraron en vigor en mayo de 2013.
Bienes decomisados que no se localizan o faltan
Respecto de los 3 mil 326 bienes decomisados en control del SAE, mil 185 se encontraban comprometidos para su venta y 2 mil 141 estaban en administración, pero la ASF encontró “inconsistencias que hacen presumir que el estatus de situación no se encuentra actualizado”.
Entre dichas inconsistencias mencionó que 119 no fueron localizados, de los cuales 56 fueron reportados como faltantes, dos tenían reporte de robo y cinco denuncia penal, y en 54 casos se integraba expediente para evaluar acciones legales contra la empresa que los tenía bajo resguardo y en 57 casos aún no se aclaraba la situación jurídica porque se integraban constancias para, de ser el caso, se reporten como bienes muebles siniestrados.
Con información de Milenio.
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