La Infanta Cristina tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, en el llamado Caso Nóos, que se retomará el próximo 9 de febrero. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares acordó mediante un auto de 85 páginas mantener a la hermana del rey … Continued
La Infanta Cristina tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, en el llamado Caso Nóos, que se retomará el próximo 9 de febrero.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares acordó mediante un auto de 85 páginas mantener a la hermana del rey español Felipe VI entre los acusados.
Las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín dictaron el auto en el que avalan la legitimidad del sindicato Manos Limpias para mantener en solitario la acusación popular contra la infanta por dos presuntos delitos contra Hacienda.
Esto, a pesar de que no la acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria.
El juicio por el llamado “caso Nóos” inició el 11 de enero pasado en Palma de Mallorca, en el Mediterráneo español, contra 18 personas por presuntos delitos de corrupción, entre ellos la infanta Cristina de Borbón, y su esposo Iñaki Urdangarin.
En este caso, el esposo de la infanta y su ex socio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas y a través de las que se realizaron operaciones que dieron lugar a esos delitos.
En concreto se trata de actividades con los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
En tanto, la hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadora necesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por esposo en los años 2007 y 2008.
El juicio, que se prevé termine hasta julio, se realiza en la Escuela Balear de Administración Pública en Palma de Mallorca,
Redacción
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