PGR investiga desde hace 5 años muerte de estudiantes inculpados

Carlos Treviño, abogado de los familiares de los jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados hace casi cinco años durante un enfrentamiento entre el Ejército y supuestos criminales, informó que las investigaciones se encuentran en la última etapa de integración. Treviño comentó que al concluir estas, la Procuraduría General de la República tendrá los elementos para consignar a los presuntos responsables de la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

Aseguró que la investigación medular ya se ha realizado como consta en los 36 tomos que contienen diversos peritajes, incluyendo el de balística, testimonios, videos y análisis. Por lo que al terminar la averiguación previa, el Ministerio Público determinará acusar o no a los 20 militares que participaron en la persecución de presuntos miembros del crimen que concluyó con un enfrentamiento alrededor del campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el 19 de marzo de 2010.

El abogado señaló que a lo largo de estos años se han superado los “obstáculos” en la investigación. “La dificultad principal en el caso ha sido la actuación del Ejército”, denunció.

Entre las trabas está que “ellos mismos se tratan de proteger diciendo ‘nosotros mismos los vamos a juzgar’. Muchas veces no quieren colaborar, se batalla para notificarlos, trataron de que no declararan los soldados”, detalló.

De acuerdo al expediente en la PGR y aunque falta concluir la investigación, las pruebas apuntarían a la responsabilidad de los elementos castrenses, pero no incluiría a mandos superiores, lamentó Treviño.

“Alguna responsabilidad también tienen los mandos, porque a final de cuentas, los soldados también son víctimas en un momento dado porque esto es consecuencia de que los manden a patrullar. El Ejército no está para hacer funciones de policía porque en un momento de estrés, en una persecución, pasan este tipo de cosas”, dijo.

Los antecedentes

En respuesta a una llamada anónima, que denunciaba la presencia de un grupo armado en las calles de Monterrey, los militares iniciaron una persecución y luego sucedió el tiroteo en los alrededores de las instalaciones universitarias.

En los primeros reportes se informó que los dos jóvenes eran sicarios, sin embargo, el rector del ITESM, Rafael Rangel Sostmann, envió un comunicado en el que reconocía que “esa noche, previo al enfrentamiento, estos alumnos se encontraban estudiando dentro de nuestras instalaciones. Ambos contaban con beca de excelencia y tenían un excelente desempeño académico”.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 45/2010 en la que documenta que las municiones utilizadas para cometer estos asesinatos eran de uso exclusivo del Ejército. La investigación de la organización concluyó que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y destruido pruebas en la zona para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

Además, “se quebrantaron los derechos al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública”.

Pese a esta evidencia, la investigación estuvo abandonada por parte de la Procuraduría General del Estado de Nuevo León, hasta que hace un año los estudiantes del Tec, junto con CADHAC y Amnistía Internacional retomaron el caso y consiguieron que la PGR encabezara las pesquisas.

Para evitar que el caso se olvide, este miércoles 18 de febrero, alumnos del ITESM, familiares de los jóvenes y organizaciones sociales encabezarán un foro de reflexión sobre el caso, además de un homenaje en memoria de Jorge y Javier.

Con información de Animal Político.