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Profepa clausura predio y mina en Península de Yucatán
Foto de Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una mina de piedra en Yucatán y un predio en Quintana Roo, por carecer de permisos para el cambio de uso de suelo.

Profepa clausura predio y mina en Península de Yucatán - profepa
Foto de Profepa

En el ejido Siete Gatos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo, se clausuró de manera temporal un predio donde se realizó la remoción de vegetación para abrir unas brechas afectando 3.2 hectáreas en un ecosistema de selva.

Gracias a una denuncia ciudadana, los inspectores de Profepa llegaron a la zona y encontraron dos brechas con remoción total de vegetación forestal y dos tocones de cedro rojo (Cedrela odorata), especie sujeta a protección especial de acuerdo con la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.

“Este ejemplar es de suma importancia para mantener el equilibrio en los ecosistemas ya que mejora de la fertilidad del suelo, estabiliza los bancos de arena y ayuda a la recuperación de terrenos degradados. También es utilizada para rehabilitar sitios donde hubo explotación minera”, señaló la Profepa.

Mientras que en Acanceh, Yucatán, la dependencia suspendió de manera temporal las actividades de un banco de extracción de material pétreo a cargo de la empresa Nómada Constructor.

Las actividades y obras de la empresa, afectaron dos mil 360 metros cuadrados de selva baja caducifolia con árboles de las especies chaká y jabín entre otros, lo que provocó cortes del terreno y taludes inestables.

“La clausura se levantará hasta que la presunta empresa responsable presente la autorización que expide la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo, por lo que se le dará seguimiento al Procedimiento Administrativo instaurado, solicitando la restauración del sitio y la compensación de daños”, advirtió la dependencia.

De acuerdo con la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable las multas, las actividades y obras contrarias a la ley que se realicen en suelo forestal merecen multas de 100 a 20 mil salarios mínimos, así como la clausura del sitio o instalación donde sucedió la infracción.

Redacción