Generalizadas o no, sistemáticas o incidentales, las probables violaciones a los derechos humanos en México llevaron al gobierno estadunidense a pellizcarle cinco millones de dólares al Plan Mérida. Human Rights Watch puso ayer en la agenda la presunta ejecución de ocho civiles en Apatzingán (al dispersar una manifestación de autodefensas) y los también supuestos asesinatos … Continued
Generalizadas o no, sistemáticas o incidentales, las probables violaciones a los derechos humanos en México llevaron al gobierno estadunidense a pellizcarle cinco millones de dólares al Plan Mérida.
Human Rights Watch puso ayer en la agenda la presunta ejecución de ocho civiles en Apatzingán (al dispersar una manifestación de autodefensas) y los también supuestos asesinatos extrajudiciales de 42 presumibles criminales en Tanhuato, en operativos a cargo de la Policía Federal.
Ambos casos se suman al discutible desempeño de militares en Tlatlaya y al menos pataleable asesinato de 46 normalistas por parte de una banda criminal y testaferros de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Delitos graves que implican a servidores públicos con uniforme.
El que los señalamientos se acumulen tiene que ver con situaciones multifactoriales, pero los casos pasan por desaseadas investigaciones y una política de información poco clara y además tardía.
Derechos humanos: rancio estigma nacional que la administración de Enrique Peña Nieto parece no atinar cómo borrarlo.
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