El resultado es un funcionario que sale de la mañanera sintiéndose absuelto, unos medios etiquetados como enemigos por hacer su trabajo y una pregunta que sigue sin respuesta: si el patrimonio era tan explicable, ¿por qué alguien dentro del Infonavit decidió que era mejor que nadie lo viera?
Ha surgido otra víctima de la incomprensión a la 4T, “ahora le tocó” al director del Infonavit, Octavio Romero (nótese mi tono irónico).
Octavio Romero no se defendió. Aplicó un protocolo. Lo hizo con la misma disciplina con la que antes defendió Pemex, porque en la 4T hay un manual y casi todos lo repiten igual.
Paso uno: la víctima soy yo. En la mañanera del lunes, con la presidenta a su lado cediéndole el micrófono, Romero no habló de su declaración patrimonial. Habló de una “campaña de difamación”. No contestó a sus detractores (Reforma, El Universal ni TV Azteca) con datos: los acusó de ser operadores de “la derecha”. El recurso es viejo, pero funciona. Si la conversación gira en torno a quién te ataca, nadie pregunta por qué se escondió la declaración antes de que la publicaran.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. El Comité de Transparencia del propio Infonavit clasificó como confidencial el patrimonio de su director el 13 de julio. No lo hizo un medio opositor ni un adversario político: lo hizo el comité interno de la institución que él dirige. La transparencia llegó solo cuando la presidenta se lo pidió en público y después de que la nota ya circulaba. No fue persecución. Fue un instituto protegiendo a su jefe.
Paso dos: si me acusan de corrupto, ellos son los corruptos. Romero soltó la frase que probablemente quedará en el archivo de las mañaneras: “No todos somos iguales, los corruptos son ellos”. No ofreció un dato ni una cifra. Solo invirtió la carga. El público ya no tiene que examinar un expediente: tiene que elegir bando. Y elegir bando es más fácil que leer una declaración patrimonial.
Paso tres, el de siempre: esto es patrimonio de toda una vida, ganado con honestidad. Cuarenta y cuatro años de trabajo: banca privada, docencia, distribución de refrescos, diputado, funcionario. La lista es larga a propósito. Cuantos más años se acumulen en el relato, más lejos queda la pregunta incómoda. Y esa pregunta no es de dónde salió el dinero hace cuatro décadas, sino por qué un servidor público con sueldo de subsecretario tiene un patrimonio que alguien, en algún momento, decidió que era mejor no mostrar.
Lo extraño es que ni siquiera necesitaba ese tercer paso. Con el ingreso bruto que él mismo reportó, dos millones 261 mil pesos en 2025, dentro del tabulador federal, la comparación con el sueldo de la presidenta se cae sola. Ese dato sí aporta. El problema es que llega envuelto en los otros dos, y esos dos no aclaran nada: solo distraen.
Sheinbaum, por su parte, cumplió su rol en el mismo guion: cedió la palabra a Romero, defendió la transparencia del caso y aprovechó para hablar de la cartera vencida que el Infonavit heredó del sexenio anterior. Todo en el mismo evento y con el mismo tono. La estrategia no consiste solo en defender a un funcionario. Consiste en convertir cualquier señalamiento en munición para la narrativa del antes y el después.
El resultado es un funcionario que sale de la mañanera sintiéndose absuelto, unos medios etiquetados como enemigos por hacer su trabajo y una pregunta que sigue sin respuesta: si el patrimonio era tan explicable, ¿por qué alguien dentro del Infonavit decidió que era mejor que nadie lo viera?
Ese silencio, y no los cuarenta y cuatro años de trabajo, es lo que debería permanecer en la conversación.
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