Estos y muchos más casos de probable corrupción están soportados por documentos oficiales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se han dado a la tarea de investigar
LIC. ERNESTINA GODOY,
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:
Hay tres jueces en el
fondo de la conciencia:
el honor, la verdad y la justicia.
Honoré de Balzac
Ayer nos enteramos que la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso varias iniciativas para combatir la corrupción, empezando con la prevención, para seguir con la investigación, la sanción y la recuperación de los dineros mal habidos. Es de suponer que tales piezas legislativas darán más facultades y sobre todo más recursos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, creada en 2015 como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las iniciativas van a sacar chispas entre diputados y senadores porque uno de sus puntos nodales es que se elimine el fuero, a fin de acabar con la inmunidad de la que gozan los legisladores. No suena nada mal la propuesta, pues en la Cámara Baja se han acumulado mil 200 demandas de juicio político, 57 de las cuales corresponden a la actual Legislatura. No digo que todos los señalados sean culpables, pero sí que debieran desahogarse las solicitudes, porque ahí están durmiendo el sueño de los justos; ni para atrás ni para adelante.
También como parte de las iniciativas se propondrán reformas a la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos. Y aquí es donde hay mucho que trabajar, doña Ernestina. Mire, eché un ojo a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y me encontré un montón de reportajes que, con pelos y señales, muestran actividades fuera de la ley. Casi le sugeriría que hiciera una alianza estratégica con este grupo de la sociedad civil o que mande a sus subordinados a tomar un curso con MvsCI para que los de la Fiscalía Anticorrupción lleven a buen término los casos.
Aquí van los casos que llamaron mi atención de los últimos seis meses y sobre los cuales no hemos tenido noticias de que se haya procedido; hay muchos más, sobre todo de huachicol, pero el espacio no da para incluirlos todos.
Óscar Juraidini ha sido identificado por el Departamento del Tesoro de EUA como operador de una red de huachicol fiscal en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues bien, su hermana ocupa la Jefatura de Trámites y Asuntos Legales ni más ni menos que en la Aduana de Matamoros.
Una empresa facturera de la red de huachicol y presuntamente vinculada a Raúl Rocha Cantú recibió un contrato del gobierno de Quintana Roo por 150 millones de pesos.
Otra perla. Autoridades mexicanas y estadounidenses ubicaron a Alejandro Arcos Romero como operador de la mafia rumana que lideraba Florian Tudor. Pues este buen señor fue colaborador de la Agencia Nacional de Aduanas, cuando Rafael Marín Mollinedo era el director general. Por si quiere localizar a ambos, andan muy movidos en la pre-precampaña por la gubernatura de Quintana Roo.
El siguiente caso tiene sede en el Instituto Nacional de Economía Social, dirigido por Catalina Monreal, hija de don Ricardo, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Resulta que se constituyeron tres cooperativas de limpieza; los trabajadores renunciaron a sus empleos con la promesa de que en la cooperativa serían sus propios patrones y, lógicamente, socios de la cooperativa. Hasta ahí todo iba bien, el meollo del asunto está en que las cooperativas recibieron contratos por adjudicación directa y los socios lo desconocen. ¿Quién firmaría en su nombre los mencionados contratos?
Esta es una joya. Dos empresas en las que han participado como socios y operadores personas señaladas por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas son las encargadas de vigilar los puntos de inspección y salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los contratos para la seguridad en las terminales 1 y 2 fueron asignados por la Secretaría de Marina por un monto superior a los mil194 millones de pesos.
Ahora movámonos al ámbito de la Comisión Nacional del Agua. Una red de 10 empresas que carecen de experiencia en obra hidráulica recibió contratos por dos mil 314 millones de pesos. Van algunos pormenores de interés: el epicentro de la red es una empresa constituida en la notaría del senador Adán Augusto López y fue declarada como facturera por el SAT. Quienes hicieron las adjudicaciones son la hija de la actual secretaria de Gobernación y un exintegrante de la Ayudantía Presidencial, quienes no brillan por su experiencia en cuestiones hidráulicas.
Estos y muchos más casos de probable corrupción están soportados por documentos oficiales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se han dado a la tarea de investigar. Hasta ahora, nadie los ha refutado. Como ve, señora fiscal, tiene trabajo para rato.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
Nueva cuenta en X: upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
Minuto a minuto
