Alfonso Ramírez Cuéllar explicó que eliminar el fuero no afectaría la presunción de inocencia, el debido proceso ni el derecho de defensa
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que presentará una reforma constitucional para eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y titulares de los poderes ejecutivos locales.
La propuesta busca que los cargos de elección popular no sean utilizados como protección frente a la justicia y establecer que quienes ocupen una responsabilidad pública respondan bajo las mismas reglas que cualquier ciudadano.
Ramírez Cuéllar explicó que la iniciativa diferenciará entre la inviolabilidad parlamentaria, que protege las opiniones y votos de los legisladores, y la inmunidad procesal penal, conocida como fuero, cuya eliminación plantea la reforma.
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“La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar”, afirmó.
El legislador sostuvo que eliminar el fuero no afectaría la presunción de inocencia, el debido proceso ni el derecho de defensa, ya que estos quedarían garantizados mediante las reglas ordinarias del proceso penal.
El debate cobró relevancia por la suspensión provisional otorgada dentro de la controversia constitucional 386/2026, promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León por el juicio político contra el gobernador Samuel García.
La resolución permite al Congreso de Nuevo León continuar con el procedimiento, pero impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras la Suprema Corte resuelve el fondo del asunto.
El morenista consideró que una controversia constitucional no debe convertirse en un mecanismo para frenar el régimen de responsabilidades y sostuvo que los congresos deben ejercer sus atribuciones respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
La reforma que prepara Ramírez Cuéllar busca, en términos generales, eliminar privilegios vinculados con los cargos públicos y fortalecer los mecanismos para que legisladores y gobernantes rindan cuentas ante la justicia.
Con información de López-Dóriga Digital.
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