El Caso Iguala se vuelve Morena contra Morena

La CNDH de la morenista Rosario Piedra liberó al Ejército de responsabilidad en el Caso Iguala. “No existe evidencia”, afirma su Recomendación 208VG/2026. Sin embargo, Morena basó su campaña presidencial de 2018 en señalar al Ejército por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Durante una gira de campaña por Nueva York en 2018, López Obrador señaló al Ejército por la desaparición de los 43 estudiantes, cuando Antonio Tizapa, padre de uno de los jóvenes asesinados, le reclamó su apoyo al hoy preso José Luis Abarca, para que fuera alcalde de Iguala en 2012.

“El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”, contestó López Obrador. Los 43 fueron desaparecidos por orden de Abarca, porque sabotearían un acto en el que su esposa, María de los Ángeles Pineda, presentaría su candidatura para sucederlo.

El escudero de López Obrador en aquella gira, el abogado morenista Netzaí Sandoval, acababa de denunciar al Ejército en el Tribunal Internacional de La Haya, por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y la Fiscalía General de La Haya admitió la acusación.

Sandoval dijo tener “expedientes que acreditan 470 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte del Ejército y cuerpos de seguridad del gobierno, como responsables de amputaciones y decapitaciones”. Fue eso lo que presentó en La Haya.

Sin embargo, Rosario Piedra, titular vitalicia de la CNDH con Morena, determinó en su Recomendación 208VG/2026, que los soldados no participaron en la desaparición de los 43 normalistas. Y el abogado Sandoval es hoy jefe de los 94 asesores de la Ministra Lenia Batres: caso cerrado.

Pero ya Sandoval perdonó al Ejército mexicano. Su cargo en la Corte del Acordeón es Secretario de Estudio y Cuenta y Coordinador de la Ponencia, en el equipo de Batres, quien se perfila como próxima presidenta de la Corte, por votación en la elección judicial.

En 2015, Morena apoyó las acusaciones contra el Ejército que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que Enrique Peña aceptó que trajera a investigar el Caso Iguala, el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, opositor político de Peña.

Tras dejar el cargo en la CIDH, Álvarez Icaza regresó a la política mexicana y montó una plataforma como precandidato presidencial independiente para las elecciones de 2018, pero no solicitó el registro para competir y se unió a la candidatura del PAN “para no hacerle el juego a Peña”.

Ya en la presidencia, López Obrador sacó de México a los investigadores de Álvarez Icaza, a los que el gobierno de Peña les pagó dos millones de dólares para que realizaran su trabajo, aunque ese trabajo concluyera que su gobierno y el Ejército eran culpables.

Que tiempos aquellos.