El combate contra el crimen organizado transnacional, en el que esta administración ha gastado 4,700 millones de dólares, se abordará en la Reunión de Alto Nivel en el Departamento de Estado, en Washington, con la asistencia de México, Brasil y otros países, para analizar el desafío del crimen internacional en el continente
Primero fue un amigo y no lo tomé muy en serio, respetando su forma de pensar. Luego vinieron más, hasta que leí encuestas que confirman lo que he estado escuchando últimamente.
Que ante el alarmante terror y expansivo control de múltiples actividades de la vida nacional por parte del crimen organizado, mediante secuestros, extorsión, chantaje, exigencia de pago de derecho de piso a pequeños negocios, entre un tercio y la mitad de mexicanos ven con “esperanza” la eventual intervención militar estadounidense, que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza, para terminar con ese mal que su gobierno no ha podido o querido erradicar, pero debe hacer de una forma inteligente.
Son cada vez más voces que demandan el fin del terror, la violencia y corrupción, herramientas del narcotráfico que el arresto y consignación de Genaro García Luna, gobernadores o jefes militares y policíacos del país han dejado evidente.
El dolor, temor y angustia —que también preocupan a cientos de miles de mexicanos residentes en Estados Unidos— son comprensibles, pero no deben propiciar que en México el “soldado que en cada hijo dio” se convierta en vendepatrias y facilitador de una peligrosa invasión; la solución requiere de un minucioso análisis previo para evitar caer en una situación que sería aún peor.
Debatiendo sobre la posibilidad de permitir el acceso de tropas del nuevo gobierno autoritario estadounidense, caracterizado por el creciente uso de la ambigüedad legal y excepcionalismo de su enorme poder militar para el supuesto combate de los cárteles, sin que le importen principios legales internacionales de protección a la soberanía de cada país, como puede verse en Venezuela, me responden: “Bueno, si nos quiere invadir, estaremos mejor y seremos gringos”.
Me recordaron a un iluso latino que entrevisté en 2016 acerca de los candidatos presidenciales y me respondió iluso: “Él es millonario y enseñará a todos cómo ser más ricos”, sin imaginarse que días después sería deportado por falta de documentos.
La solución al problema de la narcoviolencia que impacta a México debe venir de los mexicanos y sus autoridades, no abriendo la puerta a un gobierno expansionista, sediento de dinero y recursos naturales, como petróleo y minerales, para robarlos al país sin nada que lo impida.
Lo que ocurre ahora en Venezuela es una lección para los que piensan así.
Un extenso reportaje publicado por el diario The New York Times detalla cómo Marco Rubio, secretario de Estado, maneja desde donde esté el gobierno que dirigió Nicolás Maduro hasta su captura el 3 de enero de 2026.
También ilusamente, millones de venezolanos acariciaron la idea de que al fin vivirían bajo un régimen democrático, tan confiados que María Corina Machado dio su Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, que la hizo a un lado para optar por diplomacia coercitiva considerando solo el interés económico y de seguridad, contrario al restablecimiento de la democracia que inicialmente anunció, terminando por favorecer al gobierno que atacó, que ahora le obedece bajo temor de cargos criminales.
El Departamento de Justicia detuvo calladamente acciones legales que preparaba contra la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien está al centro de investigaciones de la DEA por corrupción, contrabando de oro y lavado de dinero en un centro turístico de Isla Margarita, en el Caribe.
Igual que Diosdado Cabello, el ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, quien encabezó la represión de opositores políticos, haberse enriquecido mediante alianzas con grupos criminales y por quien la DEA ofrece una recompensa de 25 millones de dólares en Estados Unidos por su cabeza, por cargos de narcotráfico.
Ahora también se le acusa de haber contratado a Rafael Enrique Gámez Salas, uno de los jefes de la pandilla el Tren de Aragua, para que secuestrara y asesinara en Chile, donde estaba asilado el teniente retirado Ronald Ojeda, quien participó en una fallida rebelión contra Maduro antes de su captura, reporta mi colega Sebastián Rotella, periodista investigador de ProPublica.
Ahora Chile podría pedir la extradición de Diosdado Cabello, quien sigue participando en reuniones de alto nivel de la presidenta interina Rodríguez, como la recientemente realizada con la asistencia del general Francis Donovan, jefe de Operaciones del Comando Sur, y Doug Burgum, secretario del Interior.
Como una gran demostración de poder de la “era Trump”, desde donde esté, Marco Rubio, secretario de Estado, en permanente contacto con Delcy Rodríguez, la presidenta interina, controla TODAS las finanzas, recursos naturales (petróleo y minas), maneja y decide inversiones y declaraciones de política interna y externa de Venezuela, sin consideración alguna a la soberanía nacional, protegida por la Organización de las Naciones Unidas o el derecho internacional.
El presidente Trump anunció que “Estados Unidos prácticamente gobernará Venezuela durante años, como sueña hacer con Groenlandia, Canadá, Cuba y Panamá”.
A manera de virrey en una colonia, Rubio controla directamente ingresos públicos de Venezuela, especialmente de exportaciones petroleras que recibe el Departamento del Tesoro en Washington, para luego canalizarlos a cuentas bancarias con instrucciones de quién y cómo debe usarlos para nóminas y pagos.
Rubio dicta y supervisa todas las decisiones importantes de economía, finanzas, inversiones y exportaciones de Venezuela, mientras trabaja en reformas al sector petrolero que garanticen mayor acceso a empresas estadounidenses, compensadas ya por expropiaciones, de acuerdo a los reporteros Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev, del NYT.
El secretario de Estado norteamericano ha obtenido amplia colaboración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha cumplido casi todas las órdenes de Trump.
Ahora pide más autonomía financiera y levantamiento de sanciones económicas, supervisa nombramientos de altos funcionarios como el ministro de Defensa y otros cargos del gabinete, e intervino en decisiones importantes para depurar el gobierno, eliminando a la familia y socios comerciales de Maduro.
Aunque el manejo de la economía ha permitido reducir ligeramente la inflación, existe incertidumbre de inversionistas inseguros de invertir en un sistema que podría colapsar en cualquier momento, lo que critican legisladores demócratas y analistas que acusan a Trump de reforzar al gobierno autoritario que encabezó Maduro, en lugar de optar por el cambio político que desesperadamente pide esa nación.
¿Aceptaría usted una situación similar en México…?
El combate contra el crimen organizado transnacional, en el que esta administración ha gastado 4,700 millones de dólares, se abordará en la Reunión de Alto Nivel en el Departamento de Estado, en Washington, con la asistencia de México, Brasil y otros países, para analizar el desafío del crimen internacional en el continente.
Minuto a minuto
