La SCJN perfila invalidar la auditoría de la ASE de Guerrero sobre Acapulco por falta de competencia; la ASF ya solventó la cuenta 2023
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila una resolución definitiva que declara inconstitucional la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) sobre los recursos federales del fondo FAISMUN 2023 para la reconstrucción de Acapulco por los huracanes ‘Otis’ y ‘John’.
El conflicto legal, que escaló tras el juicio de la controversia constitucional 174/2025 promovida por el Municipio de Acapulco, se encuentra en su etapa crucial. El ministro Arístides Guerrero García presentó formalmente una propuesta de resolución de fondo ante el Pleno de la SCJN. Este proyecto plantea invalidar por completo el informe individual de resultados de fiscalización que la ASE intentó imponer sobre una bolsa de 898.6 millones de pesos.
La raíz de la batalla jurídica se remonta a junio de 2025, cuando la ASE abrió, de manera unilateral, un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del municipio por no entregar información. En respuesta, la SCJN otorgó suspensiones provisionales que congelaron el actuar estatal, una medida que el pleno del máximo tribunal confirmó por unanimidad el 14 de enero de 2026, y que posteriormente reforzó el 10 de marzo del mismo año al ordenar detener todo el proceso de forma indefinida hasta resolver el fondo del asunto:
-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó 1,122 millones de pesos. Emitió una solicitud de aclaración menor por 3.7 millones de pesos, la cual ya fue completamente solventada y declarada conforme por el municipio.
-La Auditorúa Superior del Estado de Guerrero mantiene abierto un expediente por 898.6 millones de pesos correspondientes al FAISMUN (Ramo 33), pero sus facultades están suspendidas por completo debido a las órdenes de la Suprema Corte.
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Los documentos oficiales del caso exponen una realidad técnicamente compleja donde dos instancias revisaron los recursos bajo marcos normativos distintos, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó y cerró el expediente que constitucionalmente estaba bajo su tutela, la auditoría estatal intentó abarcar áreas que, según los criterios judiciales ya adelantados por la Corte, representan una franca inconstitucionalidad por falta de competencia legal.
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