Desde el devastador terremoto de finales de ese mes, la pregunta es: ¿puede el Estado venezolano volver a funcionar?
Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360
Los primeros seis meses del gobierno de Delcy Rodríguez pueden resumirse en una sola frase: comenzó administrando una transición política y terminó administrando una catástrofe nacional.
Ese cambio de prioridades no solo alteró la agenda gubernamental; también modificó el criterio con el que será juzgado el nuevo gobierno.
Hasta junio, la principal pregunta era si Venezuela lograría consolidar una transición ordenada tras la salida de Nicolás Maduro.
Desde el devastador terremoto de finales de ese mes, la pregunta es otra: ¿puede el Estado venezolano volver a funcionar?
Durante el primer semestre, la administración Rodríguez intentó construir credibilidad mediante una combinación de pragmatismo económico y suave apertura política. Impulsó reformas para atraer inversiones, promovió cambios en el sector petrolero y minero, buscó restablecer vínculos con los organismos financieros internacionales, aprobó una ley de amnistía que permitió la liberación de presos políticos y buscó recomponer la relación con Washington.
El mensaje era claro: Venezuela dejaba atrás la lógica de la confrontación permanente para ingresar, lentamente, en una etapa de normalización de la Administración norteamericana.
Esa estrategia produjo avances, pero también mostró rápidamente sus límites. La economía creció pero por debajo de lo esperado, la inversión —pese a las altas expectativas—permaneció cautelosa y las mejoras todavía no llegaron al bolsillo de la mayoría de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la prolongación de una presidencia de carácter transitorio comenzó a abrir interrogantes sobre la legitimidad y el horizonte institucional del proceso.
Entonces llegó el terremoto.
Los desastres naturales suelen tener la capacidad de revelar, en cuestión de horas, aquello que las estadísticas esconden durante años.
No destruyen únicamente edificios; también exponen la fortaleza —o la fragilidad— de las instituciones. En Venezuela, el sismo dejó al descubierto un Estado debilitado tras más de dos décadas de deterioro administrativo, escasa inversión pública y progresiva pérdida de capacidades.
La reconstrucción dejó de ser un problema de ingeniería para convertirse en el principal examen político del gobierno.
La paradoja es evidente. Un gobierno que llegó con el mandato de conducir una transición democrática deberá dedicar buena parte de su capital político a tareas mucho más elementales: reconstruir carreteras, hospitales, viviendas, escuelas y servicios básicos.
En otras palabras, antes de consolidar nuevas instituciones deberá demostrar que las existentes todavía pueden cumplir sus funciones esenciales.
Existe una segunda paradoja, igualmente significativa. La administración de Donald Trump, que durante años convirtió al chavismo en uno de sus principales adversarios hemisféricos, terminó siendo uno de los principales apoyos internacionales del nuevo gobierno “tutelado” venezolano. La estabilidad, la reconstrucción y la recuperación de la producción energética pasaron a ocupar un lugar prioritario en la estrategia de Washington, desplazando parcialmente la presión inmediata por una rápida normalización política.
El verdadero desafío comenzará ahora. El segundo semestre exigirá al gobierno avanzar simultáneamente en tres frentes extraordinariamente complejos: i) liderar la reconstrucción tras el terremoto, ii) acelerar una recuperación económica que todavía resulta insuficiente y iii) ofrecer una hoja de ruta creíble para completar la transición institucional y regresar a la democracia.
El fracaso en cualquiera de estos tres frentes comprometería seriamente la viabilidad del conjunto.
La experiencia comparada demuestra que las transiciones políticas rara vez fracasan por falta de discursos. Suelen fracasar cuando los gobiernos pierden la capacidad de producir resultados concretos para una ciudadanía agotada por la incertidumbre.
Venezuela entra ahora precisamente en esa fase. La legitimidad dejará de depender de las promesas de cambio y comenzará a medirse por la eficacia de la gestión.
Resumiendoj, el primer semestre de Delcy Rodríguez deja una lección que trasciende el caso venezolano. Las transiciones no se consolidan únicamente mediante acuerdos políticos o reformas constitucionales. También necesitan Estados capaces de responder cuando la sociedad enfrenta su momento más difícil. Porque, al final, la prueba definitiva de un gobierno nunca llega cuando todo marcha según lo previsto. Llega cuando la realidad cambia las reglas del juego y obliga a demostrar que gobernar consiste, sobre todo, en gestionar lo inesperado.
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