Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández el pasado 13 de junio de 2026 ante la cadena NTN24 son de esa naturaleza. Y lo que definen es grave.
Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360
Hay palabras que no solo describen una posición política, sino que definen el carácter moral de quien las pronuncia y de la nación que representa.
Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández el pasado 13 de junio de 2026 ante la cadena NTN24 son de esa naturaleza. Y lo que definen es grave.
Lo que dijo — y lo que omitió con plena deliberación
Consultada sobre cómo planea manejar la relación con Nicaragua, en medio de los cuestionamientos internacionales contra la corrupta y criminal dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, la presidenta Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”.
Con esa frase, pronunciada con la ligereza de quien ignora o decide ignorar ocho años de terror documentado y de fraudes electorales cada vez más descarados, la mandataria cometió un error que no es técnico ni diplomático: es moral.
Durante sus declaraciones, Fernández evitó referirse a las denuncias de fraude electoral, la persecución contra opositores, el cierre de organizaciones de la sociedad civil, el destierro de críticos del régimen, la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo, y menos aún sobre la posible presencia de células criminales del Estado nicaragüense en territorio costarricense.  No fue un olvido. Fue una omisión deliberada y sistemática de los hechos más perturbadores de la región.
La mandataria llegó incluso a afirmar que Nicaragua “mantiene estabilidad económica y realiza inversiones”, y que “no se puede comparar la situación de vida de los nicaragüenses con la de los cubanos o los venezolanos”.
Esta comparación, además de ser factualmente cuestionable, funciona como un instrumento de normalización de la dictadura: sugiere que, mientras otros sufren más, los nicaragüenses deberían estar agradecidos con su opresores.
Los hechos que la presidenta se negó a ver
Lo que Fernández llamó “la forma de gobierno que han elegido” es, según los organismos internacionales más rigurosos del mundo, una dictadura que aplasta sistematicamente toda disidencia. Los números son inapelables.
En enero de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno aprobó una reforma constitucional que nombró a Murillo “copresidenta” y otorgó al ejecutivo la facultad de “coordinar” los poderes judicial y legislativo. Ortega se mantiene en el poder desde 2007, y una reforma constitucional de 2014 derogó los límites a la reelección presidencial. El gobierno ha continuado reprimiendo todas las formas de disidencia y, en 2025, extendió la represión incluso a algunos partidarios del gobierno.
Organizaciones de derechos humanos cifran en más de 70 el número de presos políticos.
Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha dejado más de 300 asesinados —la mayoría jóvenes— y miles de heridos tras la represión estatal contra manifestaciones, según Amnistía Internacional.
Un estudio presentado en agosto de 2025 señaló que 33 de los 73 presos políticos de entonces estaban en condición de desaparición forzada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todavía en marzo de 2026 existían 11 personas desaparecidas bajo custodia estatal.
Las violaciones a derechos humanos reportadas pasaron de 20 casos en diciembre de 2025 a 66 en enero de 2026, un incremento del 230% en un solo mes.  Esto no es “estabilidad”. Esto es una espiral represiva en aceleración.
Y lo más perturbador para Costa Rica específicamente: el asesinato del opositor nicaragüense y mayor del ejército en retiro Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio de 2025 en la capital costarricense, evidenció la existencia de una persecución transnacional que exiliados y organismos de derechos humanos han denunciado por años.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU sostiene que el gobierno nicaragüense mantiene una “extensa” red transnacional de vigilancia e inteligencia que incluye al Ejército, la Policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas, y que desde 2018 se han desviado fondos públicos para financiar la represión. “La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras”, afirmó el presidente del grupo de expertos. 
El régimen al que la presidenta llama vecino “armonioso” asesina opositores en suelo costarricense. Eso no es un detalle menor que la diplomacia puede obviar.
La traición a una tradición centenaria
La posición de Fernández no solo es moralmente inaceptable: es una ruptura histórica con la más noble y reconocida tradición de la política exterior costarricense.
Costa Rica se posicionó como una voz moral en foros globales desde 1987, cuando el presidente Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz por un plan que reclamaba a cada país de la región la celebración de elecciones libres, la protección de los derechos humanos y el fin de la injerencia extranjera. Su objetivo era la democracia y la paz en el istmo centroamericano.  Ese plan fue aprobado entonces con la firma de Nicaragua. El mismo Ortega, en su encarnación anterior, firmó ese compromiso democrático que hoy pisotea.
El propio Óscar Arias, quien durante la campaña que llevó a Fernández al poder ya advertía sobre el peligro del autoritarismo, señaló que nada es “más ajeno al espíritu del costarricense que acumular poder” y que “todo aquel que quiere concentrar poder está caminando en contra de la esencia de lo que es una democracia”, nombrando explícitamente a Daniel Ortega como ejemplo de una dictadura.
Costa Rica retiró a su embajador en Managua en 2018, en medio de la crisis política nicaragüense, y desde entonces la representación costarricense en ese país ha permanecido a cargo de un encargado de negocios interino. Esa fue una decisión de principios.
Lo que hace Fernández ahora es, sin anuncio ni debate, revertir esa postura moral con palabras que normalizan lo que sus predecesores condenaron.
Varios exmandatarios la critican públicamente
La gravedad de lo dicho por Fernández quedó medida por quiénes reaccionaron contra ella: no fueron únicamente los exiliados nicaragüenses, sino varios ex mandatarios costarricenses.
La expresidenta Laura Chinchilla afirmó que las declaraciones de Fernández desconocen la situación política y social de Nicaragua, que los procesos electorales en ese país han sido cuestionados por fraudulentos por observadores internacionales, y ofreció disculpas al pueblo nicaragüense por las palabras de la mandataria.
El expresidente Luis Guillermo Solís también expresó su desacuerdo: “Deploro las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los Derechos Humanos que la dictadura Ortega-Murillo ha impuesto a cientos de nicaragüenses.” Solís recordó que la política exterior costarricense históricamente ha privilegiado la defensa de los derechos humanos por encima de consideraciones económicas o comerciales.
Cuando una presidenta recién asumida recibe semejantes reproches de sus propias antecesoras —mujeres y hombres de distintos partidos— queda claro que el problema no es de ideología. Es de principios.
El argumento de la “no injerencia” como escudo de la complicidad
El recurso al principio de no injerencia en asuntos internos es la coartada clásica que los gobiernos utilizan cuando no quieren incomodar a dictaduras con las que tienen intereses. Fernández lo empleó con precisión al afirmar que los asuntos de Nicaragua “corresponden al ámbito interno de ese país”. Es un argumento que, aplicado con esta lógica, hubiera impedido a la comunidad internacional condenar el Holocausto, el apartheid o el genocidio de Ruanda.
Los crímenes de lesa humanidad —y así los llaman los expertos de la ONU— no son asuntos internos. Son asuntos de toda la humanidad. Y Costa Rica lo supo siempre: fue precisamente esa comprensión la que le dio al país su lugar único en el concierto de las naciones, su credibilidad en la OEA, su voz moral en Naciones Unidas.
Estos comentarios de Fernández representan claramente un grave retroceso respecto a las posturas que han mantenido administraciones anteriores.  Opositores nicaragüenses lo dijeron sin rodeos: “Ese gobierno no fue elegido, fue impuesto a punta de fraude, balas, exilio, cárceles y terror.”
El contexto geopolítico que Fernández ignoró
La presidenta pronunció esas palabras en un momento particularmente delicado. Mientras el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión contra el régimen Ortega-Murillo, al que califica de “dictadura corrupta y criminal” —calificación con la cual coincido— y mientras el secretario de Estado Marco Rubio exigió en febrero de 2026 la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, la presidenta de Costa Rica optó por el camino opuesto: la normalización.
Con esas declaraciones, Fernández no solo contradice la posición de sus predecesoras y predecesores: se coloca en la vereda contraria a la comunidad democrática internacional en el momento en que esta endurece, no suaviza, su postura frente al régimen de Managua. Es un giro estratégico sin precedentes, adoptado sin debate, sin mandato y sin justificación inteligible.
Conclusión: el costo de las palabras irresponsables
Según datos oficiales, 195.512 solicitudes de refugio de personas nicaragüenses siguen pendientes de resolución en Costa Rica.  Son casi doscientas mil familias que huyeron —no “eligieron”— un régimen que los perseguía, encarcelaba o mataba. Muchos viven hoy en suelo costarricense. Su presidenta acaba de decirles, en cadena internacional, que el gobierno que los expulsó fue su propia elección.
Esa frase no es solo inexacta. Es una crueldad.
Como bien señaló la ex presidenta Laura Chinchilla: “Hay dos posibles explicaciones de tal desatino: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías.” 
Nunca mejor dicho.
Costa Rica fue admirada durante décadas —yo fui testigo de primera línea de ello— por estar del lado correcto de la historia. La pregunta que dejan las palabras de su actual presidenta es si está dispuesta a seguir estándolo.
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