Perú enfrenta una segunda vuelta electoral tras década de frustración política

Por: Rodrigo Aguilar Benignos
Analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores

Perú no es un caso de colapso económico que produjo crisis política. Es una economía que avanzó más rápido que sus instituciones políticas, quienes enfrentan un vacío de representación lleno de descontento.

La elección presidencial peruana de 2026 se caracterizó por la alta incertidumbre y polarización entre los proyectos políticos. El resultado demuestra que hay un país dividido a la mitad y confirma que la crisis política es estructural. La primera vuelta estuvo marcada por problemas logísticos, retrasos en la apertura de centros de votación, acusaciones de fraude y semanas de disputas sobre los resultados. Lo que llevó al país, el domingo pasado, a una segunda vuelta con las instituciones electorales bajo presión y con una ciudadanía que, más que entusiasmo, mostraba agotamiento.

Hasta este momento no hay un claro ganador, los conteos rápidos registran una diferencia mínima entre los dos candidatos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, que no sorprende. Las encuestas llevaban semanas registrando un empate técnico y a un electorado dividido en dos grandes bloques que no necesariamente se identifican o simpatizan con los candidatos, en la primera ronda no superaron el umbral del 30% de preferencias, sino que presentan con dos diagnósticos opuestos sobre el rumbo del país. Por un lado, está el Perú que teme perder la poca estabilidad económica y crecimiento que registra. Por otro, el Perú que siente que la desigualdad y carencias sociales no han sido atendidas ni beneficiadas del crecimiento económico.

Esa fractura ayuda a entender por qué los perfiles de los candidatos que se enfrentaron en el balotaje. No por sus trayectorias personales, sino porque funcionan como vehículos de identidades políticas más amplias. Fujimori representa continuidad económica, mano dura y un Estado más alineado con el sector privado y las ciudades urbanas. Sánchez encarna la demanda de mayor redistribución, presencia regional y renovación de una élite política que buena parte de la población considera agotada.

Sin embargo, interpretar el resultado únicamente como un choque ideológico sería un error. El mapa electoral revela algo más importante. Lima y gran parte de la costa respaldan mayoritariamente a Fujimori. Las regiones andinas, rurales y del sur favorecen a Sánchez. No es solamente una división entre derecha e izquierda, es una división entre territorios que han experimentado el crecimiento económico de formas distintas. Mientras algunos sectores perciben avances, otros siguen enfrentando servicios públicos deficientes, informalidad, infraestructura insuficiente y una limitada presencia estatal.

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La raíz del problema es más profunda que esta elección. Desde 2016, Perú ha tenido presidentes destituidos, renuncias, intentos de vacancia, protestas masivas, enfrentamientos permanentes entre Ejecutivo y Congreso en marcado por una creciente fragmentación partidista. En menos de una década, el país ha transitado por una sucesión de crisis que erosionó la confianza pública y convirtió la gobernabilidad en un desafío permanente. Paradójicamente, esto ocurre en una economía que durante años fue presentada como una de las historias de éxito de América Latina. El crecimiento redujo pobreza y atrajo inversión, pero no logró construir instituciones con la misma velocidad. En Perú, la política quedó rezagada respecto a la economía, y esa brecha atraviesa el proceso electoral.

Por eso, más allá de quién gane, el escenario más probable es uno de gobernabilidad limitada y alta polarización. Ninguno de los dos candidatos llega con respaldo contundente y ninguno podrá ignorar a la mitad del país que votó por la alternativa, a su opuesto. La mayor implicación política, en el corto plazo, es si el próximo gobierno será capaz de reconstruir mínimos consensos en un sistema político que lleva años funcionando bajo lógica de confrontación permanente y en críticas condiciones de gobernabilidad. En ese sentido, el mensaje central de esta elección no tiene que ver con la victoria de la derecha o de la izquierda. Tiene que ver con los límites de ambos proyectos cuando operan en sociedades profundamente polarizadas; ganar o perder una elección puede requerir apenas unos miles de votos, gobernar un país dividido exige algo mucho más difícil: construir legitimidad y apoyo duradero en medio de la polarización. El riesgo para Perú no es una crisis postelectoral inmediata. El riesgo es la continuidad de una gobernabilidad débil que impida resolver las causas que produjeron esta elección tan dividida.

Además, las implicaciones trascienden las fronteras peruanas. América Latina atraviesa un ciclo marcado por electorados fragmentados, rechazo a las élites tradicionales y creciente desconfianza hacia las instituciones. Perú representa una versión particularmente intensa de esas tendencias: los partidos tradicionales pierden fuerza, los electorados se fragmentan y los ciudadanos votan cada vez más contra alguien que a favor de alguien. Lo que ocurre allí es un laboratorio de fenómenos que también aparecen en México, Colombia, Chile o Brasil, aunque con distintas intensidades.

Detrás de la disputa electoral también está uno de los principales proveedores mundiales de cobre, un mineral indispensable para la electrificación de la economía global. La estabilidad política peruana ya no es únicamente un asunto doméstico; también es una variable observada por inversionistas, gobiernos y empresas que participan en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.