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Hasta las autoridades del impresentable gobierno de Venezuela cumplieron, prácticamente de un día para otro, la orden de captura de la suegra que asesinó a su nuera en la colonia Polanco.

Aquí en cambio, la Fiscalía General de la República, en lugar de acatar la ficha roja de Interpol para detener a los ocho presuntos integrantes de la banda de Sinaloa que encabeza Rubén Rocha Moya (dos de los diez se entregaron en Estados Unidos), en un descarado acto de protección, los cita como “testigos” para hacerles una “entrevista”.

De manera simultánea, en cambio, emplaza a la gobernadora de Chihuahua para que comparezca este miércoles a rendir declaración ministerial porque la considera presunta “traidora a la patria”.

Se corrobora pues que el régimen obradorista va con todo contra la panista Maru Campos, a quien responsabiliza de la presencia de agentes de la CIA en el operativo contra el narcolaboratorio en la sierra tarahumara, pero lacayunamente nada le reclama a Estados Unidos por la intervención de sus agentes en territorio mexicano.

Si la Interpol México quisiera hacer su trabajo, debiera proceder ipso facto a detenerlos con base en la Ficha Roja que aparece ya en el sistema de Interpol.

A la gobernadora se le imputa “invasión de competencia” por haber desmantelado un laboratorio de narcóticos con la asistencia de agentes extranjeros, pero la elástica ética de la FGR es evidente: cobijo para los de casa y persecución de los opositores.

La cita es para que declare (miércoles 28) con miras a destituirla, detenerla y procesarla, más allá de que el Congreso Federal únicamente podrá emitir una opinión porque la última palabra será del Congreso chihuahuense.

De manera por demás convenenciera, se va contra Campos (no contra el gobierno de Estados Unidos).

La incongruencia escandaliza.

¿Ante qué Tribunales Internacionales estaría llevando México a EU por atentar contra la soberanía nacional en aquel operativo? ¿Qué acusaciones debe formular la FGR en contra de los dos agentes de la CIA que sobrevivieron? ¿Por qué los dejó en libertad? ¿Qué con los funcionarios estadunidenses que dieron la orden de intromisión?

Proceder contra EU parece mucho pedir pero Sheinbaum tampoco hizo lo mínimo: reclamar de manera oficial al gobierno de Trump por esa incursión.

Caray, no lo hizo siquiera con Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, con quien se reunió el jueves 21 de mayo.

¿Qué será lo que la presidenta trató con él?

“Le dejé claro que la Constitución Mexicana prohíbe la actuación conjunta de agentes extranjeros en territorio mexicano”, informó el viernes, y que “la coordinación entre ambos países se debe hacer sin subordinación y respeto a las soberanías (…). Le dejé claro que la Constitución Mexicana prohíbe la actuación conjunta de agentes extranjeros en territorio mexicano…”.

Ajá. Pero, ¿y nada más?

Se refuerza entonces la tesis del pacto de complicidad…

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@CarlosMarin_soy