Con el 90.6% de las actas escrutadas, la primera vuelta de las elecciones en Perú se encamina a un desenlace muy ajustado para una primera vuelta
Por Daniel Zovatto, politólogo y director de Radar Latam 360
La disputa en Perú por el segundo lugar —clave para definir quién será el candidato que pasará al balotaje presidencial para competir con Keiko Fujimori— se encuentra en un virtual empate técnico entre Rafael López Aliaga (del partido de derecha conservadora Renovación Popular) y Roberto Sánchez (del izquierdista Juntos por el Perú y cercano al ex presidente Pedro Castillo, electo en 2021 y activo preso por su intento fallido de autogolpe). A la hora de este corte, Sánchez aventaja a López Aliaga por apenas 21 mil votos, una diferencia estadísticamente insignificante en un universo electoral de esta magnitud.
Con 4.5% de actas aún por procesar —incluidas numerosas del exterior— y 4.8% de actas enviadas al JEE para su revisión, el resultado permanece completamente abierto.
El análisis desagregado de las actas pendientes sugiere una dinámica territorial claramente diferenciada.
López Aliaga muestra una ventaja sustantiva en Lima. A ello se suma el voto en el exterior. También suma apoyos en regiones como Callao, Ica y Arequipa.
En contraste, Sánchez consolida su fortaleza en el interior del país, particularmente en la sierra y la selva. Cajamarca —su principal bastión—, seguido por Cusco, San Martín, Huánuco y Piura. A ello se agregan regiones como Puno, Amazonas y Apurímac.
En términos agregados, el voto doméstico pendiente favorecería a Sánchez, reflejando el peso decisivo del voto rural.
Sin embargo, esta ventaja podría ser compensada por el voto exterior, donde López Aliaga capitaliza una ventaja a su favor.
No está claro si el voto en el exterior podrás beneficiar al candidato de Renovación Popular para no solo revertir la actual desventaja, sino darle una ventaja final.
Resumiendo: la muy estrecha diferencia y las variables arriba mencionadas introducen un nivel de incertidumbre que impide cualquier conclusión definitiva.
Eventuales desviaciones en el comportamiento esperado de las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales —en particular en regiones clave como Cajamarca y Huánuco— o en zonas rurales de difícil acceso podrían alterar sustantivamente el resultado final.
En síntesis, Perú transita una definición electoral de máxima tensión y volatilidad, donde cada acta tiene el potencial de alterar el equilibrio de fuerzas. El desenlace del segundo lugar —y, por extensión, la arquitectura del balotaje— no podrá establecerse con certeza hasta que la ONPE complete el escrutinio total.
En este contexto, resulta altamente probable una intensa judicialización del proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuyas resoluciones podrían terminar siendo decisivas para definir quién avanzará a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.
La prudencia y la paciencia se imponen. Perú permanece en suspenso, con una tensión que irá en aumento en las próximas horas y días. A diferencia de 2021 —cuando la crisis poselectoral emergió tras el balotaje—, esta vez la incertidumbre y la disputa institucional se han adelantado, instalándose desde la propia primera vuelta y proyectando un escenario electoral más incierto, prolongado y políticamente desgastante.
*Un último elemento merece especial atención*. Con el 90% de las actas escrutadas, se registran aproximadamente 2,124.000 votos en blanco y 917 mil votos nulos; es decir, más de 3 millones de votos inválidos frente a los 2.6 millones obtenidos por Keiko Fujimori. Al igual que en 2021, la suma de votos blancos y nulos supera el caudal electoral de cualquiera de los 35 candidatos en contienda, reflejando un profundo malestar y desapego ciudadano frente a la oferta política.
A ello se suma un dato aún más revelador: la votación combinada del primer y segundo lugar difícilmente superará el 33% del total de votos emitidos. Este nivel de fragmentación extrema evidencia no solo la debilidad estructural del sistema de partidos, sino también el exiguo respaldo con el que los candidatos llegan al balotaje, cargando desde el inicio con un déficit de legitimidad de origen.
En paralelo, ningún candidato —independientemente de quién resulte electo— contará con mayoría propia en el nuevo Congreso bicameral, lo que anticipa un escenario de alta fragmentación legislativa. En estas condiciones, el próximo gobierno enfrentará severas restricciones de gobernabilidad, con un elevado riesgo de bloqueo institucional, conflictividad política y recurrencia de crisis.
En suma, Perú no solo se encamina a una definición electoral incierta, sino también a un ciclo político potencialmente inestable, donde la debilidad de los apoyos, la fragmentación del poder y la desafección ciudadana configuran un terreno particularmente adverso para la gobernabilidad democrática.
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