Y en ese extravío, lo que desaparece no es el informe sino la voluntad política en el “segundo piso” de la cuarta transformación de enfrentar la realidad…
LA FOSA NOSTRA
En el contexto de la peor crisis nacional por las desapariciones, el gobierno mexicano rechazó y descalificó el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada que recomendó fortalecer las capacidades de búsqueda inmediata, atender de fondo la crisis forense, garantizar investigaciones efectivas y sanciones, mejorar la coordinación institucional, asegurar la participación de las víctimas y colectivos, y aceptar cooperación y escrutinio internacional.
¿Cuál es el agravio?
Negar la legitimidad del organismo no borra a los desaparecidos, y rechazar su diagnóstico no reduce la campante impunidad.
La presidenta Sheinbaum afirmó que el Comité solo está “vinculado” pero no es parte de la ONU, y que sus conclusiones constituyen un ataque a su gobierno (lo mismo dijo López Obrador cuando el Parlamento Europeo manifestó preocupación por la libertad de prensa y el asesinato de periodistas en México).
Anunció que se hablaría con el representante y el propio Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, pero el informe del
Comité no va en esa dirección sino de plano a la asamblea general de la ONU.
Indignó la afirmación de que “las desapariciones en México presentan características de sistematicidad”, lo que en derecho internacional implica un fenómeno extendido, persistente y con fallas estructurales del Estado.
Además del alarmante desastre forense, el informe consignó los colosales niveles de impunidad entre desapariciones y sentencias.
Para elaborarlo, el organismo tomó en cuenta la información que le proporcionó el propio gobierno mexicano y concluyó lo que las cifras gritan: los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para revertir la magnitud del problema.
Un informe, pues, que no contradice al Estado mexicano, lo desnuda.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, corrigió: el órgano que dirige forma parte del sistema de Naciones Unidas (no solo está “vinculado”), y sus observaciones derivan de obligaciones internacionales asumidas por México.
Mientras el discurso oficial arguye tecnicismos, la realidad se abre paso con pala y pico: en las dos recientes semanas, agrupaciones de búsqueda encontraron más fosas en Tamaulipas, centros de exterminio en Reynosa, restos en Sonora, hornos en Guanajuato y, en el colmo de la irresponsabilidad oficial, denuncian que aún hay restos de cadáveres en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, que se suponía ya investigado desde hace más de un año por la Fiscalía General de la República.
Los datos del Comité no están “extrapolados”
Nuevamente queda exhibido que, frente a una innegable tragedia nacional, la 4t prefiere discutir quién lo dice antes que hacerse cargo de sus obligaciones.
Lo verdaderamente miope es desdeñar lo que el Comité ofrece: cooperación técnica, acompañamiento especializado y escrutinio internacional.
Y en ese extravío, lo que desaparece no es el informe sino la voluntad política en el “segundo piso” de la cuarta transformación de enfrentar la realidad…
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@CarlosMarin_soy
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