¿De veras está el gobierno tan urgido de dinero como para agandallarse los dineros de los ciudadanos?
ÉDGAR AMADOR ZAMORA,
SECRETARIO DE HACIENDA:
+ La burra no era arisca,
los palos la hicieron.
Refrán popular
Los de la 4T presumen de ser los más democráticos entre los democráticos, pero dos decisiones tomadas esta semana demuestran que no solo quieren todo el poder, sino también nuestro dinero.
Mire, de que el país necesita montones de inversión nadie lo niega, pero la forma en que pretende el gobierno hacerse de recursos es por demás cuestionable. La iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Desarrollo del Bienestar supuestamente fue preparada con el ánimo de sentar las bases para llevar a cabo proyectos con la iniciativa privada en condiciones más equitativas para las partes, en comparación con lo que antes estipulaban las Asociaciones Público-Privadas. Hasta ahí todo bien; el Senado ya dio su beneplácito, únicamente morenista, pero beneplácito al fin.
Lo cuestionable es que dicha ley también permitiría al gobierno disponer del 30% de los recursos radicados en los fondos de retiro. Tal medida conlleva muchos riesgos porque el gobierno podría ocupar esos dineros en proyectos que no interesen a la iniciativa privada por no vérsele la viabilidad por ningún lado.
Es de suponer que cualquier cantidad de dinero que el gobierno tome prestado de los fondos de ahorro lo pagará con los intereses correspondientes. Pero ¿qué pasará si el proyecto es un fracaso?
No es que sea ave de mal agüero, ni que quiera que los proyectos gubernamentales sean fallidos, pero lo cierto es que la 4T se ha distinguido por llevar a cabo grandes proyectos sin estudios de factibilidad que analicen la rentabilidad, los impactos ambientales, la demanda, etc.; no vayamos lejos, el Tren Maya y sus hoteles, así como el AIFA, son el mejor ejemplo, pues hoy en día siguen subvencionados y no han demostrado ni siquiera su utilidad social. Nada más imagínese que el gobierno quiera invertir los fondos de ahorro en algún proyecto de PEMEX o en algún proyecto faraónico de esos que embelesan a los presidentes.
El gobierno necesita dinero fresco, pero no es la manera de obtenerlo, don Édgar. Si la inversión privada no llega es porque hay una enorme desconfianza de los capitales en el ambiente de negocios; no hay certidumbre jurídica derivado de la reforma al Poder Judicial, las modificaciones a Ley de Amparo y los cambios a las reglas ya firmadas en los contratos.
La segunda decisión tiene que ver con las nuevas facultades que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas por el simple hecho de tener “indicios” de que en ellas se blanquean dineros y sin que medie una orden judicial. Cabe preguntar qué consideran como “indicios”, porque suena muy vago todo en aras de una supuesta “prevención”.
En teoría -porque todo en el gobierno es en teoría-, si una cuenta es bloqueada, el cuentahabiente tiene medios de defensa tales como solicitar a la UIF una audiencia en un plazo de cinco días hábiles. Dentro de los siguientes 10 días se le otorga la audiencia para que el cuentahabiente demuestre la legalidad de sus dineros. Se supone que a más tardar en 15 días la UIF dará su respuesta. O sea, estamos hablando de mes y medio, durante el cual el cuentahabiente no podrá pagar ni el estacionamiento.
Imagínese, don Édgar, ¿qué va a hacer una empresa sin liquidez durante mes y medio? ¿Con qué va a pagar la nómina y los gastos de operación? Además, dados los cambios a la Ley de Amparo, el cuentahabiente ya no puede recurrir al Poder Judicial porque ya no existe la suspensión provisional. Segura candidata a la quiebra.
Según la UIF, ésta no resuelve la culpabilidad del cuentahabiente ni tampoco impone penas. Vaya concepto que tienen de la culpabilidad y de las penas si el daño al cuentahabiente ya estará hecho; en el mejor de los casos por mes y medio, en el peor… no quiero ni pensar. Como podrá usted ver, la presunción de inocencia se puede ir al drenaje con esta ley, lo mismo que el principio de que quien acusa debe probar.
Lo que el gobierno y los senadores están perdiendo de vista es que si antes se pedía una orden judicial para bloquear una cuenta era para incorporar al acto a un tercer actor -un juez- al que la UIF y/o las fiscalías tenían que convencer de que los indicios disponibles eran lo bastante sólidos como para que el juez emitiera la orden de congelamiento. Al no haber un tercer actor, todo se vuelve discrecional y cuando esto ocurre se da espacio para aplicar el bloqueo a personas y/o empresas non gratas al régimen. Y no me diga que eso no va a pasar, porque en este país la justicia brilla por su ausencia.
Si el gobierno quiere ir tras el dinero mal habido, pues que ponga a las fiscalías a trabajar; pero como éstas no hacen su chamba, el gobierno toma el atajo de la UIF en perjuicio de la ciudadanía.
¿De veras está el gobierno tan urgido de dinero como para agandallarse los dineros de los ciudadanos?
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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