Iñaki Blanco dio su opinión sobre la reciente detención de la exvisitadora Blanca María del Rocío Estrada, relacionada con el Caso Ayotzinapa
Por Iñaki Blanco
La reciente detención de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, visitadora (no subprocuradora) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en la época en que ocurrió la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, está aparentemente relacionada con la pérdida de videos captados por cámaras instaladas en el edificio del Poder Judicial de dicha entidad con sede en la ciudad de Iguala.
Cabe puntualizar que la mencionada persona fue detenida el pasado 10 de marzo, con una persona más, como resultado de un cateo practicado en su domicilio, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, Ciudad de México, donde se encontraron 24 cajas de medicamentos de uso controlado (posesión de psicotrópicos/delitos contra la salud) y cinco cartuchos (posesión de material de uso exclusivo del Ejército), más no así los videos en cuestión, siendo ello lo que propició que el 18 de marzo, la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sujetará a prisión preventiva oficiosa a las imputadas, quienes tienen 73 y 83 años de edad, y padecen hipertensión, hipotiroidismo, lesiones cervicales y fracturas diversas. Lo anterior, a pesar de que la defensa solicitó una “excepción” a la citada medida cautelar a fin de que se decretará prisión domiciliaria en razón de la edad avanzada y el precario estado de salud de los hoy encausadas.
Es oportuno señalar que Blanca María del Rocío se desempeñó como agente del Ministerio Público Estatal en los tiempos (1995) del Gobernador Rubén Figueroa Figueroa y que en ese entonces fue investigada por su probable participación en el caso “Aguas Blancas”, resultando absuelta.
En tanto, a la fecha se le vincula con la pérdida de material de video referente a la desaparición de los normalistas se Ayotzinapa, dado que, supuestamente, interactuó con la hoy ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en momentos previos al de la toma de la decisión de borrar la mencionada evidencia, estando por determinarse su grado o calidad de participación (motu proprio o en auxilio y en nombre de otro).
Con independencia de todo lo expuesto, es dable acotar que desde abril de 2016, la anterior administración de la CNDH, al dilucidar lo ocurrido con la desaparición de 15 a 20 normalistas, sustraídos del autobús 1531, interceptado en la carretera Iguala-Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cuestionó la no entrega, ocultamiento, borrado, desaparición o destrucción de los videos tomados por las cámaras instaladas en el sitio en cuestión, atribuido a técnicos de informática y a la entonces Presidenta del enunciado Tribunal; videos que pudieron haber captado las imágenes de los momentos en que un grupo de normalistas fue agredido y sustraído del autobús en que viajaba, y que constituían evidencia que pudo complementar las investigaciones desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos. La CNDH observó y recomendó, bajo propuestas concretas, investigar la inexplicable ausencia de los videos y la conducta injustificada tanto de los técnicos como de la Presidenta del Tribunal.
Lo anterior, esto es la ausencia de los videos del Palacio de Justicia, no fue obstáculo para que la CNDH descubriera lo que ocurrió en el escenario criminal del “Puente del Chipote”, específicamente la desaparición de 15 a 20 normalistas a manos de la Policía de Iguala y Huitzuco con la participación de la Policía Federal y elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, entre otras corporaciones.
Las evidencias recabadas por la Oficina Especial Para el “Caso Iguala”, entre ellas lo expuesto por un testigo de identidad reservada (chofer del autobús), tal como se explica en el Reporte Preliminar y en la Recomendación de mérito, permitieron reconstruir o recrear el acontecimiento de referencia, incluso los diálogos y las actitudes de los perpetradores, situación que los “videos mudos” y “extraviados” no hubieran podido registrar.
Sin necesidad de los citados videos, la CNDH produjo una recreación con imágenes reales y animadas en tercera dimensión a efecto de reconstruir la desaparición de un grupo de normalistas. El video tiene millones de reproducciones en la red y es el material videográfico al que han recurrido distintos medios de comunicación para ilustrar sus reportajes con relación al hecho delictivo que hoy se continúa investigando.
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