Ron DeSantis aseguró que va a declarar como “terroristas” a grupos locales y expulsar a estudiantes que “promuevan” a estas organizaciones
El Congreso de Florida aprobó este jueves una ley que permitirá al gobernador, el republicano Ron DeSantis, declarar como “terroristas” a grupos locales y expulsar a estudiantes que “promuevan” a estas organizaciones, lo que alarma a defensores de migrantes y de la libertad de expresión en EE.UU.
La Cámara de Representantes estatal avaló, con 80 votos frente a 25, la iniciativa para facultar al Gobierno de Florida a designar “organizaciones terroristas internas”, expulsar a alumnos que “apoyen” a estos grupos y remover a escuelas privadas del programa de cupones (‘vouchers’) que les permite obtener fondos públicos.
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El proyecto se avala después de que un juez federal bloqueó una orden ejecutiva del gobernador que designaba como terrorista al ‘Council of American Islamic Relations’ (CAIR), el mayor grupo civil de musulmanes en EE.UU., por considerar que no tenía la atribución de tomar esa medida, que no ha realizado el Gobierno federal.
“Las únicas personas entregando a sus hijos al terrorismo son las personas que van a votar ‘no’ en esta iniciativa”, declaró la congresista local, Hillary Cassel, patrocinadora de la ley, al comienzo de la discusión.
Los republicanos de Florida han justificado la iniciativa, sin pruebas, al alegar que hay escuelas musulmanas y grupos como CAIR que buscan imponer la ley Sharia, algo que también han impulsado en Texas.
Pero los demócratas y agrupaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) han alertado de que la nueva norma es demasiado abierta a interpretación, lo que convierte en blancos de ataque a grupos críticos del Gobierno estatal.
“Esta ley se dirige ahora al escritorio del gobernador y podría criminalizar a organizaciones haciendo el trabajo de alimentar a familias, de apoyar a inmigrantes, de ayudar a sobrevivientes (de violencia) a encontrar seguridad y de proveer refugio a quienes más lo necesitan”, indicó FLIC en un pronunciamiento.
Mientras que ACLU sostuvo que la ley estatal contraviene la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión porque trabaja bajo el principio de “culpable solo por designación”, un proceso que “podría usarse como arma contra los críticos del Gobierno”.
Con información de EFE.
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