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Mientras del “huachicol fiscal” se culpa a 14 personas y no se da con el amparo político transexenal que lo alcahueteó, y cuando las fallas mecánicas y técnicas del transítsmico se esconden, el mensaje es inequívoco: en vez de verse a sí misma la 4t apaga la luz.
Este martes la encenderá en otra dirección con el proyecto presidencial de reforma constitucional para malbaratar la democracia.

Al la 4t no le importa que al debilitar la estructura y el financiamiento de instituciones del Estado y los partidos, el dinero solo cambia de origen y la política no se vuelve más austera sino mucho más vulnerable.

Pero conviene mirar lo que se quiere que olvidemos:

En lo del huachicol, el caso se presenta como si unos cuantos bribones bajo el mando dos altos jefes de la Marina fueran los únicos responsables.

Y pese al audio (revelado por Aristegui Noticias) en que el ex secretario Rafael Ojeda plantea como posibilidad sepultar el asunto, la investigación sigue sin escalar hacia el resto de capos y subordinados de la la superpandilla.

El “huachicol fiscal” es un atraco de 500 mil a 600 mil millones de pesos mediante la clandestina introducción al país de millones y millones de litros de combustible en al menos 37 buques tanque y carros de ferrocarril, el uso de puertos, patios de almacenamiento, pipas, redes de distribución y estaciones de servicio.

Una ilegalidad de tal magnitud no pudo operar cinco-seis años sin cobijo político.

¿Quién, pese a denuncias y alertas, garantizó que el negocio siguiera intacto?

Si algo queda claro es que las redes ilícitas no necesitan presupuesto público, necesitan protección.

En paralelo, el descarrilamiento en el Istmo de Tehuantepec provocó la muerte de 14 y causó lesiones a 98 pasajeros, pero se ocultan las fallas técnicas, mecánicas y operativas con la falsa coartada “seguridad nacional” y el entierro por cinco años de la información sobre las deficiencias del sistema.

Cinco años de turbiedad porque se achaca a los tres “conductores” toda la responsabilidad, como si el trazo, el estado de la vía, el mantenimiento, los equipos, los sistemas de señalización y la supervisión fueran su culpa y la administración no tuviera la responsabilidad institucional.

Cuando el obradorato se protege en la penumbra pero impone una “democracia” barata, el problema ya no es presupuestal sino estructural, y las regresiones estructurales no se corrigen con discursos de honestidad sino con instituciones robustas como las que se quiere debilitar.

En ese contexto de opacidad, mañana conoceremos la iniciativa de reforma político-electoral.

En el juego franciscano, la presidenta Sheinbaum desdeña el hecho elemental de que la democracia es un tesoro ciudadano.

Lo que sale caro, y mucho, es ocultar expedientes bumerang y necear con una reforma retrógrada y facciosa.

Un poder que se protege en la oscuridad no debiera pedir que la sociedad acepte que se le baje la luz para vigilarlo…