La pregunta no es solo si el gobierno cubano puede caer, sino cómo y con qué consecuencias
Por Daniel Zovatto
Tras 67 años de continuidad en el poder, el régimen cubano atraviesa uno de los momentos más delicados desde 1959.
La economía de la isla se encuentra en caída libre, el sistema eléctrico opera al límite, la escasez se ha vuelto estructural y el éxodo migratorio ha vaciado al país de millones de ciudadanos.
A esta crisis multidimensional se suma ahora un factor externo decisivo: la estrategia de máxima presión impulsada por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, que busca acelerar un desenlace político largamente esperado por el exilio cubano y por sectores de Washington.
La historia reciente invita a la cautela. En al menos tres momentos —la enfermedad de Fidel Castro en 2006, su retiro definitivo en 2008 y su muerte en 2016— se anticipó el colapso del sistema. Ninguna de esas predicciones se cumplió. Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias cualitativas relevantes.
A diferencia del “Período Especial” de los años noventa, hoy Cuba no cuenta con un benefactor externo capaz de sostenerla. Ni Rusia ni China han asumido ese rol, y Venezuela —durante años su principal sostén energético— ha dejado de ser una tabla de salvación.
El núcleo de la estrategia de Trump ha sido el estrangulamiento energético y financiero. La interrupción de los envíos de petróleo venezolano, el establecimiento de aranceles a cualquier país que suministre crudo a la isla y el impacto indirecto sobre México han dejado a Cuba sin sus dos principales proveedores externos.
La producción interna apenas cubre el 40 % de las necesidades diarias, lo que convierte la falta de importaciones en una amenaza sistémica: transporte, industria, agricultura y servicios básicos dependen directamente del combustible.
En paralelo, Washington ha apuntado a secar las fuentes de divisas. El turismo, ya debilitado tras la pandemia, no logró recuperarse en parte por las restricciones que afectan a viajeros europeos que visitan Cuba y luego desean ingresar a Estados Unidos. A ello se suma el intento de limitar los ingresos provenientes de las misiones médicas cubanas en el exterior, otro pilar financiero del régimen.
El mensaje es claro: sin petróleo y sin dólares, la gobernabilidad se vuelve insostenible.
Desde el exilio cubano en Florida, voces influyentes aseguran que la Casa Blanca considera que el fin del régimen es un objetivo alcanzable en el corto plazo, incluso antes de que concluya 2026. La narrativa oficial estadounidense sostiene que esta vez la presión es distinta: más directa, más integral y aplicada en un contexto de extrema debilidad interna.
Desde La Habana, la respuesta ha sido ambigua. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha reconocido públicamente la gravedad de la crisis, anunciando planes de racionamiento energético y expansión de energías renovables, pero sin mencionar nuevas fuentes de importación de crudo. Al mismo tiempo, el régimen ha combinado un discurso confrontacional en redes sociales con señales de pragmatismo técnico, proponiendo cooperación limitada con Estados Unidos en áreas como narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y ciberseguridad.
Washington, por su parte, admite que existen intercambios, pero los califica como estrictamente técnicos —vuelos de repatriación, asuntos consulares— y subraya que el desacuerdo de fondo es político. La administración Trump estaría dispuesta a avanzar solo si Cuba pone sobre la mesa reformas sustantivas: apertura a la empresa privada, pluralismo político y garantías democráticas. Hasta ahora, el régimen ha rechazado de plano ese escenario y ha marginado sistemáticamente a cualquier figura interna con proyección política alternativa.
Incluso si la presión externa lograra quebrar al régimen, persiste una incógnita mayor: ¿quién gobernaría Cuba al día siguiente? La mayoría de los líderes opositores están encarcelados o en el exilio, y no existe una figura de transición comparable a la que Washington ha intentado promover en Venezuela. El riesgo de vacío de poder y de inestabilidad prolongada es real.
El contraste con el deshielo impulsado durante la administración Obama es revelador. Entonces, la apuesta fue que la apertura económica gradual generaría cambios políticos. Trump invierte la lógica: apuesta al colapso económico y social como detonante del derrumbe del sistema. Se trata de una estrategia de alto riesgo, que puede forzar concesiones… o endurecer aún más al régimen.
La pregunta, por tanto, no es solo si el gobierno cubano puede caer, sino cómo y con qué consecuencias. La historia demuestra que el castrismo ha sobrevivido a pronósticos prematuros. Pero también sugiere que nunca antes había enfrentado una combinación tan severa de agotamiento interno, aislamiento externo y ausencia de salvavidas geopolíticos.
Como advierten algunos analistas, esta vez el escenario “se siente distinto”.
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