La ONG refirió que al menos 48 personas privadas de libertad fueron identificadas como afectadas por algunas de estas violaciones
La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 61 violaciones a los derechos humanos y la muerte de un recluso en diciembre de 2025, según su informe mensual.
La ONG, con sede en México, refirió que al menos 48 personas privadas de libertad (siete mujeres y 41 hombres) fueron identificadas como afectadas por algunas de estas violaciones.
Entre ellas, destaca los casos de los presos Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce, recluidos en las prisiones de las provincias orientales de Holguín y Las Tunas, como los que acumularon “más violaciones en su contra” y como consecuencia de realizar huelgas de hambre, fueron trasladados de centros penitenciarios.
El CDPC también lamentó la muerte del preso Yaciel Antúnez Antúnez, en la prisión territorial para enfermos de VIH, en la provincia central Villa Clara, debido a “la falta sostenida de medicamentos y de atención médica oportuna”.
Además, registró violaciones a los derechos de los presos en 30 categorías, entre las que subrayó como más recurrentes aquellas vinculadas a hostigamiento o represión (43), malas condiciones de vida en prisión (17), negación de atención médica (16), problemas con la alimentación (13), restricciones a la comunicación (12) y uso de celdas de castigo (10).
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El informe detalla denuncias de malas condiciones de vida de los reclusos como comida insuficiente, mal elaborada y en mal estado, desnutrición, abasto insuficiente de agua, infraestructuras deficientes, falta de colchones, plagas de roedores e insectos y brotes epidemiológicos.
Como castigos aplicados a los presos por las denuncias de estas situaciones, afirmó que les han sido restringidas o vigiladas las comunicaciones, el envío a celda de castigo, el traslado de cárcel, a lo que se suman los maltratos físicos practicados por los guardias y las amenazas.
La plataforma precisó que las violaciones fueron documentadas en 33 cárceles y centros de detención ubicados en catorce provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud.
En este nuevo informe vuelve a resaltar que los grupos vulnerables “más afectados” fueron las personas privadas de libertad por razones políticas, los afrodescendientes y las que viven con enfermedades crónicas, y aclara que en una persona “pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad”.
El CDPC destacó que la información relacionada en su informe representa “un subregistro de los eventos y víctimas reales”:
Explica que resulta imposible disponer de una documentación completa debido a “la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios”.
Con información de EFE.
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