A partir de 2018, el Gobierno Federal documentó daños ambientales graves e irreversibles, como afectaciones a manglares y contaminación de acuíferos
Del banco de materiales pétreos, poco queda. En el acceso principal a las antiguas instalaciones de Sac Tun, la filial de Vulcan Materials, solo hay un guardia privado. Sin el resguardo de las fuerzas federales, la grava que quedó expuesta en la mina ha desaparecido, utilizada por muchos lugareños para sus construcciones.
La naturaleza ha tomado posesión del predio clausurado hace tres años por Semarnat, mismo que fue declarado área natural protegida por la administración lopezobradorista no obstante el arbitraje internacional convocado por la firma estadounidense, al amparo del Tratado Comercial de América del Norte.
La mina de materiales pétreos de la que pudo explotarse el balasto para el Tren Maya languidece. Punta Venado, el puerto donde llegaban las embarcaciones para llevarse la grava a territorio estadounidense, ahora recibe navíos de gran calado bajo la estricta supervisión de la Armada de México.
La Rosita fue la primera propiedad que comenzó a explotar Calica, hace casi 40 años. La caseta de acceso con la seguridad privada puede traspasarse sin mayor trámite. Pero nadie busca adentrarse a ese predio, tampoco a El Corcholatito y La Adelita, donde Vulcan ya no quiso explotar los yacimientos, cuando el gobierno mexicano reclamó la devolución de esos yacimientos de piedra caliza.
A partir de 2018, el Gobierno Federal documentó daños ambientales graves e irreversibles, como afectaciones a manglares y contaminación de acuíferos.
Ni Tom Hill ni Adán Augusto López Hernández pudieron llegar a un acuerdo, en el verano del 2022. La cesión de Punta Venado pudo haber ayudado a destensar la situación, agravada por el reclamo contra el gobierno mexicano presentado ante el CIADI, en Estados Unidos. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, y el embajador en Washington D.C., Esteban Moctezuma Barragán, tampoco tuvieron éxito en sus gestiones. Menos, los reclamos de congresistas estadounidenses.
Semarnat y Profepa ordenaron la clausura total de las actividades extractivas en el predio La Rosita, al acreditarse extracción por debajo del nivel freático, con afectaciones al sistema de ríos subterráneos de la Península de Yucatán.
Para agosto del 2023, estaba cancelada la posibilidad de un “acuerdo amistoso”. La entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, incluyó las 2,000 hectáreas de Calica en la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas.
En 2024, más de 50,000 hectáreas, incluidos los terrenos de Calica, fueron decretadas Área Natural Protegida, lo que prohíbe cualquier actividad minera futura.
Vulcan Materials se negó a aceptar el ofrecimiento de 350 millones de dólares por los terrenos. El parque ecoturístico que administraría la Sedena quedó en una quimera.
Antier, el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo negó de manera definitiva el amparo solicitado por la filial de Vulcan Materials. La sentencia ratifica la clausura total de las actividades mineras en La Rosita, al considerarla un hecho consumado conforme a la legislación mexicana. Asimismo, establece que la empresa no podrá retomar operaciones y deberá cumplir con medidas correctivas y la reparación del daño ambiental.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento público oficial por parte del gobierno del Estado de Quintana Roo, ni por la representación de la Secretaría de Economía en la entidad respecto al conflicto legal y ambiental.
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