En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento
El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un regalo de Reyes al ala más radical del magisterio nacional. El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2019 promovida por la CNDH y, por unanimidad de ocho votos —uno de los ministros no estuvo presente—, validó los artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que otorgan preferencia a egresados de normales públicas, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio en el acceso a plazas en el sistema educativo público.
El fallo fue leído por muchos como aval a las llamadas “plazas automáticas”. Y no es menor. Según datos de la SEP y estimaciones basadas en la matrícula reciente —alrededor de 128 mil alumnos en normales para el ciclo 2024-2025—, cada año egresan cerca de 30 mil normalistas, en su gran mayoría de instituciones públicas.
El detalle incómodo es que las plazas no crecen al mismo ritmo. En educación básica hay vacantes potenciales por jubilaciones y crecimiento de matrícula, sí, pero las plazas presupuestadas para nuevo ingreso suelen moverse entre 20 y 30 mil al año, dependiendo del ciclo. Traducido: la puerta que abrió la Corte tiene fila… y no todos alcanzan a pasar.
Los ministros explicaron que la preferencia no es exclusividad y que el objetivo es legítimo: fortalecer a las normales públicas, instituciones golpeadas durante años por recortes presupuestales —con caídas reales importantes entre 2018 y 2020 y una recuperación apenas parcial después—. Hasta ahí, el argumento suena razonable. Cuidar el semillero del magisterio no es pecado.
El problema aparece cuando uno pasa a la realidad del aula. Dar prioridad sin un filtro claro puede significar incorporar a docentes que no dominan del todo el nuevo plan de estudios, que no fueron formados en evaluación de aprendizajes o que arrastran las secuelas de una etapa universitaria atravesada por la pandemia, donde cuatro de cada diez estudiantes de normales públicas cursaron al menos un año en modalidad improvisada.
Y del otro lado del mostrador están los egresados de normales privadas. Ellos seguirán dependiendo del examen y de los criterios que defina la SEP. Para un joven que pagó colegiaturas de hasta 48 mil pesos anuales, la preferencia pública se parece demasiado a un letrero que dice: “Gracias por participar. Vuelva cuando el neoliberalismo resucite”.
En mi desordenada cabeza se coló una pregunta sencilla: ¿de verdad era tan imposible poner un límite razonable? Preferencia, sí, pero condicionada. Un promedio mínimo. Un tiempo real de egreso. Si la carrera dura cuatro años, que esa ventaja aplique a quienes terminaron en cuatro años y con un desempeño académico sólido. No es una herejía tecnócrata; es un filtro mínimo.
Seamos honestos, ningún decreto o fallo judicial garantiza la vocación de los egresados. Y para estar frente a grupo, la vocación importa.
Pero el fallo de la Corte no fue lo único que me hizo ruido en estas semanas medio festivas. El pasado 25 de diciembre, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, publicó un manifiesto en X convocando a crear comités para “defender” la Nueva Escuela Mexicana. Acusó a la actual administración de la SEP, encabezada por Mario Delgado, de impulsar la privatización educativa y habló, sin rubor, de refundar la Secretaría.
Yo no sé si los ministros imaginaron comités de agitación cuando hablaron de mérito plural en su argumentación, pero Arriaga parece convencido de que las plazas también deberían venir con certificado de pureza ideológica.
Pero los números parecen contradecir los argumentos jurídico-político-ideológicos. Hoy, apenas alrededor del 13% de los docentes normalistas en servicio proviene de instituciones privadas. En educación media superior, además, buena parte del personal docente ni siquiera viene de normales, sino de universidades con perfiles distintos. Esa diversidad, nos guste o no, sostiene al sistema educativo público nacional.
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Sentado en mi escritorio me puse a pensar en las dos visiones que se tiene de la educación en México: una que hace cuentas, planea plazas y mide capacidades reales; y otra más preocupada por repartir credenciales morales y eso es muy peligroso para el futuro del país.
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