El asesinato Bernardo Bravo Manríquez, al igual que los de los demás productores que se han opuesto al crimen organizado, lo único que demuestra es la fortaleza de los delincuentes y la capacidad limitada de las autoridades
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
+Barbarie
Dicci
Ayer nos amanecimos con la noticia de que Bernardo Bravo Manríquez fue asesinado en la comunidad de Cenobio Moreno, Michoacán. Su muerte no es una más dentro de las estadísticas, dicho con todo respeto a las demás víctimas, dado el activismo que ejercía como líder de mil 800 productores de limón, a través de la Asociación de Citricultores de Apatzingán.
Las circunstancias del asesinato todavía no son claras. En teoría, Bravo contaba con tres escoltas y un vehículo blindado, sin embargo, al llegar a Apatzingán proveniente de Morelia, el empresario cambia de auto y deja atrás a los guardias. El crimen fue cometido en algún punto dentro de la población de Cenobio Moreno y es atribuido a Rigoberto López, miembro de Los Blancos de Troya. Este último ya fue detenido, pero al parecer es una pieza más dentro del engranaje delincuencial, pues los líderes gozan de bien y libertad.
El motivo de la ejecución habría sido que el fallecido organizó el Tianguis Limonero para los productores y comercializadores a fin de sortear el cobro del derecho de piso por parte del crimen organizado; asimismo, las denuncias en medios por parte de Bravo fueron recurrentes. Los delincuentes piden dos pesos por cada kilo de limón cortado, otros dos pesos por el comercializado y así sucesivamente, lo cual arroja un ganancia de 30 millones de pesos a la semana; mil 660 millones de pesos al año, don Omar.
Bravo no es el primer productor limonero que ha perdido la vida por oponerse firmemente al cobro de piso; es el quinto. Porque pese a la presencia de fuerzas federales y estatales en las zonas producción, los delincuentes no están dispuestos a dejar un negocio tan jugoso y que no les requiere mayor inversión que unas cuantas balas.
Lo más preocupante del caso es que es uno más en Michoacán desde hace más de una década. El cobro de derecho de piso en la entidad saltó a la notoriedad nacional en 2013, cuando productores agrícolas, particularmente aguacateros, se congregaron en grupos de autodefensa. Y, desde entonces, el problema continúa.
Se estima que en Michoacán actualmente hay 10 bandas locales, algunas con presencia en estados aledaños y otras más pequeñas, pero todas alineadas, ya sea al Cártel Jalisco Nueva Generación o al de Sinaloa. En 2024, Michoacán ocupó el noveno lugar estatal en homicidios dolosos, tanto por el número de eventos (mil 246), como por la tasa por cada 100 mil habitantes (25.20.
Michoacán no es la única entidad que sufre de extorsiones. Según el INEGI, las exportaciones agrícolas de 18 entidades se ven mermadas, en gran medida, por la intervención del crimen organizado, dado que se disparan los precios. En estados con actividades productivas distintas la situación es la misma. Como olvidar el caso de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de las Industrias Pesquera y Acuícola de Baja California, quien hace un año denunció que el crimen organizado extorsionaba a su gremio y al restaurantero. También hizo referencia a que el producto de la pesca ilegal llegaba al mercado con la misma facilidad que la pesca legal. Un par de horas después, la empresaria fue acribillada en Ensenada.
Tampoco se puede olvidar el asesinato de Julio César Almanza, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, ocurrido en julio de año pasado dos días después de haber informado que grupo FEMSA suspendía operaciones en193 de sus tiendas y siete gasolineras, todas ubicadas en Tamaulipas. El motivo: el crimen organizado exigió al corporativo que les compartiera las listas de comisionistas y trabajadores.
En total, durante el año pasado fueron acribillados 17 líderes empresariales locales; vaya contando los de este año, señor secretario.
Del lado de la autoridad, la presidenta Sheinbaum ha promovido que el delito de extorsión se persiga de oficio y la sanción sea de 20 años, una vez hechas las adecuaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Qué bien que las leyes se endurezcan ante tales violaciones, solo falta que las víctimas estén en condiciones de denunciar sin perder la vida y que las fuerzas de seguridad detengan a las bandas de extorsionadores, lo cual no está nada sencillo.
El asesinato Bernardo Bravo Manríquez, al igual que los de los demás productores que se han opuesto al crimen organizado, lo único que demuestra es la fortaleza de los delincuentes y la capacidad limitada de las autoridades.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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