¿Por qué el único caso de La Estafa Maestra con sanción firme no se ejecutó? ¿Por qué el único caso de La Estafa Maestra con sanción Firme por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no fue noticia nacional?
Ni en la esfera penal ni en la pista administrativa, la llamada Estafa Maestra ha encontrado castigo. Después de ocho años, las pesquisas de contralores, fiscales y jueces han sido inoperantes.
Rosario Robles resultó absuelta de la acusación por ejercicio indebido de servicio que formuló en su contra la FGR. Emilio Zebadúa, su oficial mayor en Sedesol y Sedatu, vio cancelado el criterio de oportunidad pactado en el 2018 y ahora ha pasado de denunciante, a inculpado.
Los generales del ejército rosarista que operaron la estrategia de promoción política y operación terrestre entre 2013 y 2017 para una frustrada candidatura presidencial (¿la de Miguel Ángel Osorio Chong… o la de Robles Berlanga?) fueron perseguidos. Ninguno está tras las rejas.
Enrique Rodríguez Tiburcio, quien fue subsecretario de Reordenamiento Territorial, nunca ha admitido un probable involucramiento en la trama que desvió más de 5,000 millones de pesos (menos de la mitad del llamado caso Segalmex). Ramón Sosamontes Herreramoro y Rocío Bolaños —los dos de los funcionarios más cercanos a Rosario— rechazaron las ofertas (y las presiones) para incriminar a su jefa. Otros cercanos, como Pedro de León Mojarro, estuvieron en el reclusorio pero ahora mismo llevan su proceso en libertad.
Así ocurre con José Antolino Orozco Martínez, extitular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de ambas secretarías, quien buscó un criterio de oportunidad en mayo de 2019 y desveló el modus operandi aplicado por Zebadúa González para desviar los recursos. Justamente su testimonio derivó en una de las narrativas más repetidas sobre la Estafa Maestra.
Fueron 12 altos mandos de Sedesol y Sedatu contra los que actuó un juez federal, por presuntamente haber incurrido en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Justo hace cuatro años, Orozco Martínez fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte, donde la jueza federal Selene Hidalgo Pérez decretó prisión preventiva hasta el pasado 14 de enero, cuando sus abogados lograron cambiar la medida cautelar, por arraigo domiciliario en su natal Pachuca, donde permanece desde entonces.
Un año antes —el 5 de agosto de 2020— el entonces Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar le impuso una multa de 105 millones 187,000 pesos. Dicha sanción no fue impugnada ante ninguna otra autoridad y causó estado, pero solo hasta finales del sexenio, la entonces Titular del Área de Responsabilidades en el Ramo Bienestar, solicitó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Hidalgo “1” del SAT, cobrar la sanción.
Fue una gestión fallida, pues el SAT respondió que ya había pasado el plazo para gestionar la ejecución de la sanción. Hubo otros dos intentos del OIC de Bienestar para exigir la ejecución de la sanción, pero el SAT negó el trámite por las mismas causas que la primera vez.
La entonces Titular del Área de Especialidad en Responsabilidades dio cuenta esta situación ante el Órgano Interno de Control de la otrora Secretaría de la Función Pública. Por la temporalidad se asegura que los funcionarios responsables que “extrañamente” no tramitaron la ejecución y quienes estaban en el cargo correspondiente justo antes, durante y después del plazo para hacerlo son Gregorio Guerrero Pozas, quien era el Titular del Órgano Interno de Control y, Miguel Ángel Cedillo Hernández, quien ejercía el cargo de Titular del Área de Responsabilidades.
¿Por qué el único caso de La Estafa Maestra con sanción firme no se ejecutó? ¿Por qué el único caso de La Estafa Maestra con sanción Firme por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no fue noticia nacional?
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