Hasta hoy lo que queda, pues, es el sospechoso patrón de siempre: exhibir a unos pocos, dejar intactas las estructuras mayores y vender lo del “huachicol fiscal” como victoria cuando apenas empieza la escaramuza…
El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, dijo ayer que “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”, refiriéndose al caso del “huachicol fiscal” y la intrincada red de corrupción manejada por un vicealmirante y un contralmirante sobrinos políticos de su predecesor, Rafael Ojeda Durán, para contrabandear gasolinas y eludir, se calcula, como 500 mil millones de pesos de impuestos.
“Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”, se ufanó, aludiendo a su petición a la Fiscalía General de la República de investigar el caso, y enfatizó que los actos reprobables “no nos definen como institución, pero podrían enquistársele”.
Bien que lo reconozca, pero no basta:
Lo descubierto es un pelo de gato que puede involucrar no a dos o 15, sino a cientos entre militares, empresarios, autoridades estatales y municipales, políticos, choferes de pipas y tráileres, directivos aduaneros en los puertos del Golfo y del Pacífico, así como tropas y capos de organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Una maquinaria industrial que no se mueve por sí sola, porque requiere múltiples complicidades y esto plantea un descomunal desafío para el “segundo piso” de la 4T, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido que se irá “hasta donde tope” contra la corrupción y el crimen organizado.
Cumplir la promesa implica meterle la mano al avispero, desmontar estructuras que infectan a las fuerzas armadas y a instituciones civiles y administraciones locales.
Para que la narrativa contra la corrupción no se quede en anécdota, la Fiscalía de Alejandro Gertz debe perseguir a la red completa y transparentar las conexiones de los involucrados.
El problema dista mucho de ser “interno”, porque desde Washington la mirada es de sospecha y en Estados Unidos hay una investigación anterior a la mexicana.
Inexplicablemente, a un año de distancia no ha habido consecuencias del veredicto de la FGR sobre la narcofiscalía de Sinaloa respecto del asesinato del diputado y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda (20 de octubre de 2024), en que la Fiscalía descalificó el video del falso intento de robo de una camioneta y el peritaje demostrativo de que el homicidio sucedió muchas horas antes en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, lugar al que Joaquín Guzmán López convocó a la víctima y a Ismael Zambada (a quien entrampó para entregarlo en EU). Este asunto no solo fue un homicidio más “de alto impacto”, sino que destapó un encubrimiento institucional que se mantiene vivo, pero silenciado porque el morenista gobernador Rubén Rocha Moya era de toda la confianza de El Mayo y Los Chapitos, cabezas entonces de una de las más poderosas bandas del narcotráfico en el mundo.
Hasta hoy lo que queda, pues, es el sospechoso patrón de siempre: exhibir a unos pocos, dejar intactas las estructuras mayores y vender lo del “huachicol fiscal” como victoria cuando apenas empieza la escaramuza…
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