Prosperidad compartida

Claudia Sheinbaum reafirmó que la Cuarta Transformación mantendrá la rectoría económica. “El Estado desarrolla infraestructura, garantiza áreas estratégicas y promueve la inversión privada que garantice empleos con salarios justos y que esté acorde con los recursos naturales en las diferentes regiones del país”.

Pero el éxito del Plan México depende de la inversión productiva y por eso, la presidenta de la República hizo un respetuoso pero enérgico llamado al empresariado para “sumarse con decisión” a la estrategia de desarrollo que deberá concretarse en el quinquenio en curso.

“México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”, expresó Sheinbaum Pardo en el mensaje a la Nación emitido desde Palacio Nacional.

¿La Transformación avanza, a pesar de la iniciativa privada? Impuesto el dogma populista, la inversión pública ahora es el motor de bienestar y crecimiento con justicia. La presidenta Sheinbaum ha propuesto un largo listado de obras de infraestructura —escuelas, hospitales, caminos, trenes, sistemas de agua y energía— con lo que el Estado busca impulsar no solo la economía, sino también la dignidad de las personas.

“La inversión pública no sustituye, sino que complementa y potencia a la privada”, definió Sheinbaum, “pero (el Estado) jamás renuncia a su responsabilidad central: garantizar que la prosperidad sea compartida, que el desarrollo sustentable llegue a todas y a todos, sin exclusiones”.

Y sí. La inversión en los proyectos de infraestructura —tanto del sector privado como del gobierno de la República— ahora está sujeta a nuevas regulaciones. De acuerdo con el manual elaborado por la subsecretaría de Egresos, la vigencia de la cartera es “indefinida”, solo se actualiza cuando la Secretaría lo determine.

El Plan México es el nuevo eje articulador del desarrollo nacional. Las decisiones de la inversión gubernamental ahora buscarán impulsar proyectos que fortalezcan economías locales, integren cadenas de valor regionales y respeten la diversidad territorial y cultural; todos, basados en instrumentos de planeación.

A través de la inversión pública, el gobierno federal promoverá la justicia social, la equidad territorial y el bienestar colectivo; contribuirá a cerrar brechas, democratizar el acceso a los beneficios del progreso y dignificar la vida de todas las personas, especialmente de quienes han sido históricamente excluidas.

Este alineamiento de objetivos obliga a los gobiernos municipales y estatales a acordar con las dependencias y entidades de la administración pública federal aquellos que quieran registrar en la cartera de proyectos, para así garantizar que cada iniciativa cumpla con los criterios técnicos, metodológicos y de contribución estratégica al Plan Nacional de Desarrollo.

De conformidad con el primer párrafo del artículo 34 de la Ley, el mecanismo de planeación se denomina Programa de Inversión de Mediano Plazo y quedará sujeto a un estricto cronograma: a más tardar el último día hábil de marzo de cada ejercicio fiscal, las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán presentar el PIMEP a la SHCP, mismo que deberá incluir los programas y proyectos de inversión, incluso aquellos a ejecutarse bajo el esquema de Pidiregas y de asociación público-privada, así como los proyectos de prestación de servicios.

Para el registro de en la cartera de proyectos deberán llenarse las fichas de valoración estratégica (FIVE); unas, las simplificadas, para proyectos de hasta 800 millones de pesos, y las otras, para proyectos de mayor envergadura. En caso de PPI mayores a 1,500 millones de pesos, se requerirá el dictamen de un experto.

Lo municipios deberán abstenerse de realizar las erogaciones relacionadas con estudios y otros tipos de trabajo con los que se pretendan tramitar los registros en la cartera, mientras que las entidades y dependencias deberán abstenerse de contratar los servicios de terceras personas para la elaboración de la evaluación de costo-beneficio.

Las unidades de Inversión y de Seguimiento quedarán a cargo de este proceso. Además de la metodología, las prioridades se han ajustado en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Si bien el registro de los proyectos de inversión será más expedito y deberá alinearlos al Plan Nacional de Desarrollo, queda la duda sobre los que actualmente están registrados: si serán revisados bajo los nuevos parámetros y descalificados, aquellos que no los cumplan.