El escándalo del momento es el de Hernán Bermúdez Requena, quien desde 2019 se ostentaba como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y hoy es imputado de ser el “Comandante H” y, como tal, líder del grupo delincuencial “La Barredora”
ALEJANDRO GERTZ MANERO,
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:
+Petrificado: Dejar a alguien
Inmóvil de asombro o de terror.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
“Las autoridades mexicanas están petrificadas. (…) Les aterra trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y las personas que son elegidas”, aseveró ayer el presidente Donald Trump durante la presentación de la ley Halt Fentanyl, la cual tuvo el consenso de demócratas y republicanos.
Su aseveración es imprecisa. Hay muchos funcionarios que no están petrificados, por el contrario, andan movidísimos en sus enjuagues con el crimen organizado. Aquí van algunas muestras, cortesía de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El escándalo del momento es el de Hernán Bermúdez Requena, quien desde 2019 se ostentaba como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y hoy es imputado de ser el “Comandante H” y, como tal, líder del grupo delincuencial “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Varios aspectos agravan el caso: Primero, que desde 2019, un grupo de consultores informó al entonces gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, que Bermúdez era una “persona de interés”, señalamiento eufemístico de que su mala fama le precedía. Un reporte de SEDENA indicaba lo mismo y, no obstante, López Hernández le dio el cargo.
Dos años después, en el reporte de SEDENA “Para Atención a la Superioridad” (CE.R.F.I.SE.92, 2/2/2021) se consigna “el posible involucramiento de autoridades del estado de Tabasco en actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada”. Para marzo de 2021 hay otro reporte donde se confirman las sospechas y se advierte el involucramiento “en el trasiego y comercialización de combustible ilícito de barcos a pipas en Dos Bocas, Tabasco”. Y como remate, incluye un organigrama delincuencial donde Bermúdez está a la cabeza. Uno se preguntaría para qué diablos servían el sexenio anterior las tareas de inteligencia e investigación de la SEDENA, si nadie hizo algo al respecto.
Es inconcebible, doctor Gertz, que este individuo permaneciera en el cargo todo el sexenio de gobierno de López Hernández y su interino Carlos Merino Campos, y los primeros meses del gobierno de Javier May, hasta que este último lo sacó del cargo. El que los dos primeros gobernadores supieran de la corrupción de Bermúdez y no actuaran en consecuencia, hace pensar en un encubrimiento, por decir lo menos; claro, a menos de que la SEDENA no les pasara tales reportes, en cuyo caso estaríamos hablando de negligencia criminal. Las dos alternativas son malas.
Ahora pasemos a otro caso muy movido.
¿Se acuerda del que fuera alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, y de su hermano, José Isabel? Ambos están ahora presos por el terrible caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco. Pues bien, estos individuos no solo dieron protección al crimen organizado para que ese predio se usara como campo de entrenamiento, sino que están involucrados en una red de huachicol que tuvo a bien vender a la SEDENA 500 millones de pesos en diésel durante la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. La operación se hizo a través de la empresa Ecocarburantes, S.A. con la cual José Isabel mantendría vínculos.
Para más inri, José Isabel es socio de Impulsora de Productos Sustentables, empresa que ya era investigada por huachicol, pero también lo es de Mefra Fletes, empresa de transporte, involucrada en los mega decomisos realizados en Tamaulipas y Baja California, el pasado mes de marzo. Pues bien, las tres empresas mencionadas comparten socios, representantes legales y apoderados; total, todo queda entre cuates. Lo delicado de este caso es que Ecocarburantes ya estaría siendo investigada desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, por una presunta evasión fiscal. ¿Por qué no se procedió? Es un misterio.
Volver a los mega decomisos viene a cuento por el caso de Francisco Javier Antonio Martínez, directivo de la Administración del Sistema Portuario Mexicano en Tampico, Tamaulipas. Este individuo se hizo rico de la noche a la mañana, probablemente por su vinculación a la empresa Intanza, S.A., la cual importó los más de 10 millones de litros de diésel incautados en Tampico.
No menos notorio ha sido el caso de las tres instituciones financieras acusadas por EUA de permitir el lavado de dinero; la hablo de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco. En entregas anteriores comenté que ya se veía venir el golpe de EUA y que, inexplicablemente, no se tomaron previsiones para corregir o disminuir el impacto (27/6/2025 y 30/6/2025).
Vector ha cobrado mayor relevancia mediática porque su fundador, Alfonso Romo Garza, fue jefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO. La inacción del gobierno mexicano contra esta institución es todavía más inexplicable porque ya sabía que a través de ella Genaro García Luna recibió 40 millones de dólares por sobornos. De hecho, el gobierno entabló en la Corte de Florida una demanda para recuperarlos.
Los ejemplos aquí expuestos son solo algunos de los muchos casos en los que funcionarios gubernamentales andan bien movidos con la delincuencia organizada. Aunque también cabe reconocer que la Estrategia Nacional de Seguridad trae bien movidas a las dependencias del Gabinete de Seguridad.
A ver cuál gana a moverse más…
Con la colaboración de Upa Ruiz
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