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Apenas llevaba dos semanas como presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando la doctora Vania Pérez Mendoza activó una purga interna, que ha dejado inoperante a esa instancia desde hace cinco meses.

La tarde del martes 19 de febrero, en cumplimiento de instrucciones presuntamente generadas por el Órgano de Gobierno del SESNA y específicamente de la secretaria Raquel Buenrostro, solicitó sus renuncias a los titulares de las direcciones de área y al entonces secretario técnico de la SESNA, Roberto Moreno Herrera.

El funcionario desatendió las instrucciones superiores transmitidas por la nueva presidenta del SESNA y apeló a la legislación vigente: su remoción solo podía ser decretada por la mayoría (cinco votos) de los integrantes del Órgano de Gobierno de la entidad paraestatal. Atrincherado en su oficina, solicitó a la contralora interna, Mónica Vargas, si había en curso un procedimiento sancionatorio que lo involucrara.

Un relato pormenorizado sobre esas horas infausta — incluido el intercambio de los mensajes de WhatsApp para insistir sobre la entrega de las renuncias, que podían enviar vía Uber para abreviar el trámite— consta en una denuncia suscrita por empleados y exempleados de la SESNA contra Pérez Morales, por presuntamente “afectar gravemente la reputación institucional y el trabajo del personal”.

Sin información sobre las presuntas indagatorias del OIC o notificaciones sobre auditorías en curso, Moreno Herrera entregó su renuncia. Una docena de mandos medios y superiores del SESNA lo siguió. Pero cuatro semanas después, Pérez Morales activó un segundo paquete de despidos, invocando presuntas indagatorias en curso a distintas Unidades Administrativas, a cargo de la Auditoría Superior y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

En ese nuevo paquete de renuncias, Claudia Lizeth Moreno — quien fungía como representante de la SABG ante la SESNA— y Dionisio Zabaleta causaron baja. Una tercera oleada de despidos ocurrió el 2 de abril; esta vez, instrumentada por José Antonio Hernández Aguirre y Rigoberto Martínez Becerril, quienes actuaron presuntamente por instrucciones de la Fiscal Especializada, María Luz Mijangos.

La nueva titular de la SESNA ha integrado un equipo de trabajo con Hernández Aguirre; la contralora interna, Mónica Vargas; Carlos Hernández y Dante Preisser, quienes todavía no tienen nombramiento, pero se han hecho cargo de los preparativos de la conmemoración de los 10 años del Sistema Nacional Anticorrupción.

Rubricada por empleados y exempleados de la SESNA, la denuncia está dirigida a los integrantes del órgano de gobierno de ese ente descentralizado y al OIC de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Hernández Aguirre funge actualmente como encargado del despacho de la Secretaría Técnica de la SESNA. El comité de participación ciudadana propuso hace tres semanas una terna de candidatos para esa posición y está pendiente la designación del nuevo titular, quien suplirá a Roberto Moreno Herrera, quien renunció hace seis meses.

Recibida en la sede central de la SABG el pasado viernes 6, la misiva concluye con una petición respetuosa pero enérgica: “lo único que solicitamos es la posibilidad de ser escuchadas y escuchados, de poder dialogar con las autoridades y mostrar, con pruebas concretas, tanto el trabajo legítimo que hemos realizado como las graves irregularidades cometidas por estas dos personas servidoras públicas. No buscamos confrontación, buscamos justicia, dignidad y el restablecimiento del respeto al servicio público”.

Efectos secundarios

ACUERDOS. La edición 2025 del Mundial de Clubes de la FIFA tendrá dos protagonistas aztecas — Los Tuzos, de Pachuca, y los Rayados, de Monterrey— y una emisora local: TelevisaUnivision, que será sublicenciatario exclusivo para televisión abierta y de paga, mientras que DAZN —dueño de los derechos de la nueva competición y que emitirá todos los partidos gratis en su plataforma de streaming.