El Grupo de Trabajo de la ONU pide la inmediata libertad de los cinco activistas indígenas y concederles el derecho efectivo a una indemnización
La detención y posterior condena a 25 años de prisión por homicidio de cinco activistas indígenas en Chiapas, violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser liberados e indemnizados, dictaminó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
La decisión del grupo de expertos, adoptada el 4 de abril pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esto, el comité señala en su decisión no vinculante que las autoridades mexicanas deberían “poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
También conminan al Gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.
Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio de 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Caucuc, retenida por pobladores que le exigían una “multa” para permitirle el acceso y que le golpearon al no poder pagar, lo que le causó la muerte horas después.
El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.
Al analizar este proceso el grupo de trabajo de la ONU observó varias irregularidades, como la no presentación de los acusados ante un juez inmediatamente después de su detención, o la desaparición forzada de algunos de ellos en las primeras horas de arresto.
Los cinco son indígenas del pueblo maya tseltal y habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Caucuc.
Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que ha promovido acciones de defensa de la tierra contra la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.
El comité local también se ha opuesto a la presencia del la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria esta presidido por la ex jueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).
Con información de EFE
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