Ayer 26 de mayo, cumpliéndose un mes más de la matanza, padres y familiares de los normalistas se manifestaron de nueva cuenta
Una de las puntas de lanza de Andrés Manuel López Obrador para alzarse con el poder fue el uso perverso de la desaparición y el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
Por fortuna todo ha vuelto a su origen, ahí donde lo dejó la extinta PGR, gracias al paulatino abandono, por insensata y tramposa, de la “verdad alterna” que quisieron fabricar los gobiernos de la 4T, materializado sobre todo por las reaprehensiones de los asesinos y cómplices indebidamente liberados por la ominosa sentencia de 2018 del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que no solo desestimó la “verdad histórica”, sino que descalificó al Ministerio Público Federal como autoridad para investigar el crimen.
La patraña fue echada abajo por la constitucional y trascendental resolución en el reciente mes de febrero de un todavía independiente, autónomo y libre Tribunal Colegiado de Circuito de Ciudad de México, avalando la tesis del basurero de Cocula como destino final de Los 43 de Ayotzinapa.
Esa instancia federal de justicia, junto con el inexorable tiempo y el fracaso en buscarle mangas al chaleco, han reivindicado el trabajo y dado la razón a la PGR, a sus peritos, a la Fiscalía de Guerrero en 2014, a los científicos del Instituto Mexicano del Petróleo y de la UNAM, al Grupo Colegiado de Expertos Internacionales en Materia de Fuego y, sobre todo a la CNDH y su desaparecida Oficina Especial para el Caso Iguala, en cuya profunda, íntegra y más completa investigación resumida en su recomendación del 28 de noviembre de 2018, aprovechó, amplió y sintetizó todos esos esfuerzos.
Lo más importante ha sido que si aquella sentencia del Tribunal de Reynosa sirvió para que el lopezobradorismo llegara al poder, la ejemplar resolución del Tribunal Colegiado de la CdMx será útil para reparar la justicia, a fin de que sean castigados los sicarios y todos los verdaderamente responsables del atroz crimen; para que sean liberados quienes injustamente están privados y restringidos de su libertad (como Jesús Murillo y los militares que fueron encarcelados) y para que dejen de ser perseguidos quienes merecen ser reconocidos por su trabajo en el esclarecimiento del caso.
En su momento, la infame sentencia de Tamaulipas fue considerada una victoria para las familias de los desaparecidos. Maligna y cruelmente sus representantes los hicieron festejar la liberación de los verdaderos asesinos de sus hijos, aquellos de quienes el GIEI dijo que solo eran unos “pobres albañiles”.
¿Dónde queda la autoridad moral de la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo, la Covaj con Alejandro Encinas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el GIEI, el EAAF, Serapaz, Fundar, los centros Tlachinollan y Pro, pero sobre todo, de la 4T?
Ayer 26 de mayo, cumpliéndose un mes más de la matanza, padres y familiares de los normalistas se manifestaron de nueva cuenta. A diferencia de antes, ahora pueden encontrar en la reciente sentencia satisfacción a su legítimo y verdadero clamor de justicia…
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