Desde el año pasado, cuenta, en diferentes momentos el Comité trató de dialogar con la delegada fiduciaria de Nacional Financiera, Martha Arana
La cláusula cuarta del inciso g del contrato celebrado entre el Comité Técnico del Consejo de la Judicatura Federal y Nacional Financiera dice:
“Queda expresamente pactado que solo la recepción, concentración, inversión y entrega de los recursos que integren el patrimonio fideicomitido lo realizará directamente la fiduciaria de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, ya sea directamente por dicho cuerpo colegiado o a través de la Unidad Coordinadora”.
Y en el inciso j de la décima se asienta:
“Instruir a la FIDUCIARIA la extinción del FIDEICOMISO una vez cumplidas sus finalidades o bien agotado en su totalidad el patrimonio fideicomitido, la que se actualice primero…”.
Por eso la magistrada Lilia Mónica López Benítez, en El asalto… de lunes y martes recientes en MILENIO Tv, explicó que se trata de cuatro fideicomisos que “desde 2013 han sido administrados por Nafin. Y estamos hablando de alrededor de 10 mil 500 millones de pesos, conforme al último saldo que pudimos consultar, porque desde el 2 de abril ya ni siquiera podemos acceder a las cuentas con las claves que la propia Nafin otorgó para estos efectos”.
El timo equivale a que un banco entregue a un tercero los ahorros de una persona. “Es lógico entenderlo así (…). En el décimo transitorio de la reforma lo que se dice es que se tienen que extinguir los fideicomisos y con esos recursos pagar a mis compañeras jueces y juezas, magistrados y magistradas que hayan salido en esa desafortunada tómbola, o que decidan postularse y no sean electos por la ciudadanía, y el dinero tenía que salir de los fideicomisos como se puede advertir en el primer párrafo de ese transitorio y el remanente —y esto lo quiero subrayar muy bien, porque se habla de un remanente— entregarlo a la Tesorería de la Federación”.
Desde el año pasado, cuenta, en diferentes momentos el Comité trató de dialogar con la delegada fiduciaria de Nacional Financiera, Martha Arana.
“En un principio tuvimos dos reuniones para ir viendo el camino para obtener los recursos. Después, ella no se presentó, se le tuvo que citar a través de oficios, de escritos formales, pero en enero se le pidió que por escrito nos dijera cuál era el estado de cosas y no se logró. Finalmente, el Comité Técnico, donde participamos los siete consejeros de la Judicatura, determinamos que se le llamara al pleno y al conjunto de los comités para que nos explicara la situación, lo cual así ocurrió el 2 de abril. Ella estuvo con otra persona de su equipo y en ese momento nos indicó que, dado que ya los juicios de amparo que se presentaron estaban en su fase final, estábamos en el último momento para que ella pudiera girar la orden y se entregara el dinero al Consejo de la Judicatura. ¿Qué sucedió? Ese mismo día, por la tarde y a través de un simple correo electrónico dirigido al director general de Programación, Presupuesto y Tesorería, nos informó que por órdenes superiores había hecho entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación…”.
Minuto a minuto
