La presidenta Sheinbaum ha planteado que su estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes, pero en ellos no se ve que se haya considerado a los centros penitenciarios
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
+La libertad nunca
es dada, se gana.
Philip Randolph
Ayer en la mañanera, el licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nos dio la buena noticia de que en los últimos seis meses fueron arrestados 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto. Qué bien que sacara del circuito delincuencial a un buen número de malandros, pero la tarea que tiene por delante don Omar en cuanto a las detenciones, y usted en cuanto a prisiones, es monumental.
Según el INEGI, en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos, sumando los del orden federal y local, lo cual implica 21 millones de víctimas; no por nada estamos entre los países más inseguros del mundo.
Para ponerle un rostro numérico a la impunidad, vale la pena recordar que el sistema penitenciario tiene en reclusión, doña Rosa Icela, a 229 mil individuos; unos entran, otros salen, así que la cifra se mantiene más que menos estable. Casi un cuarto de millón de presos suena como una cifra altísima, pero vale la pena ponerla en proporción:
Resulta que se cometen 33 mil 267 delitos por cada 100 mil habitantes, pero en las cárceles sólo hay 158 internos por la misma cantidad de habitantes. Me queda claro que un transgresor en libertad repetidamente comete delitos, pero, aun así, la cifra de detenidos en bajísima. México está en los niveles de los países europeos, donde la criminalidad es mucho, mucho menor.
Ahora bien, todo indica que la política de seguridad se ha modificado y que la Secretaría de Seguridad, junto con la Guardia Nacional y las policías estatales, sí se están tomando en serio su responsabilidad. La siguiente pregunta es ¿dónde van a poner a los infractores?
México cuenta con 331 centros penitenciarios, repartidos en 266 estatales (CPE), 14 federales (CPF) y 51 especializados para menores de edad. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, divulgado por el INEGI en 2024, la tasa de ocupación es muy alta, pues llega a 101.8%.
Sobre este mismo tema, el Instituto “Belisario Domínguez” del Senado realizó una investigación, la cual concluye que “hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir” para los internos. No sugiero en ningún momento que se les dé el menor privilegio, pero tampoco que estén hacinados al estilo de las cárceles de Bukele. Según dicha investigación, casi la mitad de los internos compartía su celda con más de cinco personas y el 8.1% compartía la cama. Los datos son de 2021, pero no creo que las cifras hayan cambiado mucho, pues la situación presupuestal no ha sido la mejor en los últimos años.
Mire, doña Rosa Icela, el presupuesto ejercido en los centros penitenciarios fue de 39 mil 631 millones de pesos, un montón de dinero, sin duda; solo que fue 16.4% menor al del año anterior. Y aquí viene otro detalle: de ese montón de dinero, los CPF absorbieron el 41%, cuando apenas son 14 instalaciones, frente a los centros estatales que son muchos más. No quiero imaginar las condiciones.
Con tal situación, no es de extrañar que anualmente ocurran alrededor de tres mil incidentes en los centros, con una tendencia a la alza; además de este clima cerrado de violencia, está el tema de los delitos que se cometen desde las cárceles. Al año andan sobre los 340 mil, particularmente referidos a extorsiones, secuestros exprés y hasta dirigir las bandas desde los penales, lo cual denota la falta de control de los penales por parte de las autoridades. Así las cosas, las personas privadas de la libertad no tienen incentivos para cambiar de conducta, por más actividades productivas que se les propongan.
Y luego está el tema de la reinserción. Muy complicado, señora secretaria. Según el INEGI, la reincidencia anda por el 14%, pero otras investigaciones hablan de hasta un 40%. Diversos estudios psicosociales coinciden en factores de riesgo para la reincidencia, entre los que destacan ocho: antecedentes penales, las actitudes antisociales, vínculos antisociales, patrón de personalidad, condición de familia, trabajo y educación, abuso de sustancias y ocio.
Sin embargo, el factor que más peso tiene, por lo menos en México, es la creencia del malhechor sobre la propia conducta delictiva y el costo/beneficio que le reporta; si los trasgresores creen que su primera detención fue por mala suerte y en lo sucesivo la van a librar, pues siguen adelante.
La presidenta Sheinbaum ha planteado que su estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes, pero en ellos no se ve que se haya considerado a los centros penitenciarios. Hasta el día de hoy, no sabemos cómo piensa usted complementar la estrategia presidencial.
Así que platíquenos, ¿cuáles son sus planes?
Con la colaboración de Upa Ruiz
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