La regla vigente desde las concertaciones salinistas marcaba que el partido por el que había sido electo el gobernador depuesto tenía derecho de tanto
Aguantó menos de un mes en Casa Guerrero, tras de la noche infausta de Iguala. Ángel Heladio Aguirre Rivero ya había gobernador la entidad —casi un trienio— como priista, en sustitución de Rubén Figueroa, obligado a renunciar tras de la matanza de Aguas Blancas.
“Si mi separación del cargo ayuda, no habrá objeción a ello”, reviró lacónico, a mediados de octubre del 2014. Paradojas de las alianzas de los partidos tradicionales: el político de Ometepec fue gobernador de seis años al amparo del PRD, del PT y Convergencia, pero mantuvo una línea directa con un ala peñista, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles Berlanga.
La regla vigente desde las concertaciones salinistas marcaba que el partido por el que había sido electo el gobernador depuesto tenía derecho de tanto. La cúpula perredista, encabezada entonces por Carlos Navarrete, ejerció violencia de género contra la entonces secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, quien concitaba amplios respaldos por su trabajo a favor de los más desfavorecidos.
Apenas había transcurrido el primer tercio del peñismo y la sucesión presidencial ya estaba en curso. Los itamitas preparaban su ascenso a Los Pinos y propusieron al exsenador Armando Ríos Piter para ocupar la vacante de Aguirre Rivero. Su cercanía con los foxistas y los priistas (había sido brazo derecho de Florencio Salazar) garantizaban el respaldo de la minoría opositora. La izquierda radical estaba en pie de guerra por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa.
“No tendrá nuestros votos”, pretextó Navarrete cuando Mojica manifestó interés —apoyada por un bloque de funcionarios estatales— por ser la sustituta de Aguirre Rivero. Y la instrucción fue tajante: la mayoría oficialista (PRD, PT y Convergencia) validó la concertacesión que llevó a Rogelio Ortega a Casa Guerrero.
En las cúpulas partidista se recuerdan estas historias, a propósito de la evolución en la crisis de gobernabilidad en Sinaloa y su escenario extremo: un relevo en el Palacio de Gobierno. El reposicionamientos del exgobernador Mario López Valdés coincide con el desgajamiento al interior del PRI sinaloense.
Los votos en el Congreso local, más valiosos que nunca. Paola Gárate, quien fue forzada a dejar la dirigencia estatal del tricolor por el delegado especial del CEN, Jorge Meade Ocaranza, se concentrará en su agenda legislativa y cumplirá las nuevas tareas que le ha encomendado Alito Moreno, mientras que sus colegas, Bernardino Antelo e Irma Guadalupe Moreno, mantendrán su repliegue nada estratégico.
MORENA tiene 24 de las 40 curules en el Congreso de Sinaloa, pero antiguos priistas colocados en otras fuerzas políticas actualmente —como el actual diputado emecista, Sergio Torres, y el alcalde de Los Mochis, Gerardo Vargas Landeros— concitan apoyo entre grupos morenistas marginados por el gobernador Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía del Estado confirmó que actualmente analiza una denuncia presentada contra Vargas Landeros —exdirigente cenecista, exdiputado federal priísta y exsecretario de gobierno con MALOVA— por presunto ejercicio indebido del servicio público. Un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, por 171 millones de pesos, está bajo escrutinio.
Los exalcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreira, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, debieron dimitir y enfrentar a la justicia.
Para esclarecer su futuro político, en el corto plazo, el alcalde morenista acudió a finales de la semana pasada al Palacio de Covián. La crisis de seguridad que vive Sinaloa podría agravarse si las pugnas entre las facciones políticas —y el activismo de los exgobernadores priistas— torna en un acoso sistemático contra Rocha Moya.
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