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La crisis constitucional que generó la reforma del obradorato al Poder Judicial tiene ahora enfrentados no solo a los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, sino a los dos tribunales constitucionales de México: la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pleito es por las resoluciones de una y otra instancias respecto de la suspensión del proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros que ordenó un juez de amparo en Michoacán a los comités de evaluación de los tres poderes y que solo acató el Judicial.

Para la mayoría (seis a cuatro) de ministros de la Suprema Corte, la decisión que tomó su comité fue correcta, porque los amparos deben siempre acatarse, independientemente de que se les puede combatir por las vías judiciales.

Sin embargo, para la mayoría (tres a dos) de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el juez de amparo cometió un delito al inmiscuirse en un proceso electoral y su conducta merece que la Fiscalía General de la República le abra una carpeta de investigación para que se le castigue. Asimismo, le ordena al comité de evaluación del Poder Judicial reactivar el proceso de selección de quienes serán sorteados en una tómbola para que los ganadores figuren en las boletas electorales.

El problema adquiere magnitudes colosales, porque las resoluciones de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral son inapelables, de suerte que ni una ni otro, al parecer, pueden hacer otra cosa que mantener sus irreconciliables puntos de vista.

A este peligroso callejón sin salida condujo al país el autor intelectual de la demencial reforma al Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador, quien haciéndose el chistoso gustaba de vez en cuando iniciar sus soliloquios mañaneros con un siniestro vaticinio:“¡Ánimo, lo mejor es lo peor que se va a poner…!”.

Tuvieron razón quienes en 2006 decían que el maligno AMLO era “un peligro para México”, su amenaza está cumpliéndose: concluyó su desastrosa gestión dejando una bomba de tiempo contra la separación de poderes.

Sheinbaum pudo, pero no quiso desactivarla: la oportunidad se le presentó con el proyecto jurídico-político del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso que se mantuviera la elección popular de ministras y ministros, pero no la de juezas, jueces, magistradas y magistrados que, como se va viendo, terminarán siendo impuestos por el lopezobradorismo y otros poderes fácticos, en especial el crimen organizado.

Los psicólogos conocen el complejo de Eróstrato: se refiere a un tipo de personalidad por lo general de escasa autoestima y con un deseo de fama tan intenso que quien lo experimenta es capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzarla.

Así es López Obrador en su afán de asemejarse a Hidalgo, Juárez y Madero.