Revertir la reelección

La presidenta Sheinbaum acertadamente propone eliminar la reelección consecutiva. Lo dijo en campaña, lo ratificó como presidenta electa y lo ha anunciado como parte de la agenda de cambios. La propuesta, afortunadamente, no ha despertado mayores reservas, porque se ha entendido que entraría en vigor hasta 2030. Revertir la reelección significa regresar al régimen que inició en 1933 y que hizo de México un caso singularmente exitoso.

Los promotores de la reelección le asignaron virtudes que, ya en la implementación, no se han acreditado, particularmente el que supone la fortaleza del Poder Legislativo mediante la profesionalización de los diputados y senadores, y, por ende, el empoderamiento de los ciudadanos para incentivar el buen desempeño o sancionar con su voto a los legisladores o presidentes municipales ineficaces.

No se requiere mayor examen para advertir que la realidad es muy diferente a lo que prometían sus promotores. Los legisladores se reeligen en función de los intereses y cálculos de las dirigencias de los partidos, independientemente de sus buenas o malas cuentas a la sociedad, lo que ha contribuido más al sometimiento del legislador sobre los factores que inciden en la reelección (partido, dinero y gobierno) que a los intereses de los ciudadanos.

En las condiciones actuales la reelección consecutiva de legisladores no ha ayudado a mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero el tema adquiere otra expresión en la reelección de alcaldes. Un término de tres años es muy corto y en tal caso se puede optar por ampliarlo a 4 años sin reelección como lo hiciera Coahuila en 2001 o mantener la reelección consecutiva por una sola ocasión.

No está por demás destacar que los alcaldes a reelegirse, si bien se esmeran en atender los factores que inciden en los futuros comicios, también son más proclives a tener una mayor sensibilidad frente a las exigencias y a la esperanza de sus electores. Cuidar que en aras de satisfacer lo primero no se afecte la equidad en la contienda, debe ser tarea prioritaria de las instituciones, para que el ciudadano sea quien al final, decida premiar o castigar en función de resultados. De modo que anular la reelección consecutiva ha requerido, sobre todo, visión de Estado.