Sin embargo, aunque tuviera razón y ésta se concediera en tribunales, la Presidenta carece de facultades constitucionales para descalificar o avalar decisiones judiciales que todo mundo, comenzando por ella, debe simplemente acatar…
Son tantos los vicios, desatinos, corruptelas e improvisaciones en torno de la maligna reforma al Poder Judicial que lo mejor será que este jueves, en su reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, la presidenta Sheinbaum cancele la demencial elección de jueces, magistrados y ministros.
La más reciente sorpresa es el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, suscrito el martes, frenando en su ámbito de competencia el proceso electoral, en acatamiento a la suspensión definitiva interpuesta el 20 de diciembre por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán.
En el acuerdo del juzgado referido, se cita a los comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en un plazo de 48 horas emitan un acuerdo administrativo para acatar la medida cautelar, lo cual implica se suspenda el proceso y no se continúe con las etapas subsecuentes a la publicación de los listados de los aspirantes a la elección.
La resolución del Juzgado de Distrito en Michoacán y el acatamiento por parte del comité de evaluación del Poder Judicial se suman a la advertencia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación publicada el lunes, en el sentido de que lejos de “democratizar” al Poder Judicial, la elección de juzgadores “expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República”.
Dice asimismo que el oficialismo busca desmantelar el sistema de contrapesos con el objetivo de consolidar en México “un régimen autocrático”.
Entre sus argumentos, la Jufed resalta la no revisión del padrón electoral, la falta de legitimación de la reforma y su implementación, así como las irregularidades y el modelo de votación en el que se contempla la utilización de seis boletas diferentes con 60 candidatos por cargo, lo que deja en evidencia la inviabilidad de los comicios, porque se “confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado”.
La dinamitera y vengativa ocurrencia de López Obrador contra la impartición de justicia es tan corrosiva que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aventura una salvajada que la reforma no contempla: que el comité senatorial integre en su lista la del Poder Judicial.
Para Sheinbaum, los integrantes del Comité Judicial de Evaluación “están violando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que “ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez, porque estaban dentro del terreno electoral”, aseguró en su conferencia matutina.
Sin embargo, aunque tuviera razón y ésta se concediera en tribunales, la Presidenta carece de facultades constitucionales para descalificar o avalar decisiones judiciales que todo mundo, comenzando por ella, debe simplemente acatar…
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