La escena es la misma cada fin de sexenio: los presidentes terminan en escándalos que no sólo son suyos, sino que al final repercuten en el país, en la economía y en la estabilidad política y financiera
En un intento más por distraer y sacar de la agenda mediática el asunto del Mayo Zambada, el presidente López Obrador retomó esta mañana el financiamiento que otorga la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
A través de Pablo Gómez, quien preside la Unidad de Inteligencia Financiera, se dieron datos de los recursos que obtiene esa asociación que ha estado en el blanco del Presidente de México, a la cual ubica dentro del “bloque opositor y conservador”.
López Obrador anunció que enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explique ese financiamiento.
Varios aspectos saltan a la vista respecto a este hecho:
Primero, que la USAID es una agencia que no sólo otorga recursos a agrupaciones de la sociedad civil, sino también al sector privado y gobiernos, incluyendo el de México que ha recibido más de 3 mil millones de dólares desde 2008, según la U.S. Government Accountability Office.
La USAID ha aportado buena cantidad de dinero para la implementación en México del Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio con el fin de eliminar que se violenten los derechos de las víctimas, pero también de los agresores, para juicios justos.
No sólo eso, el gobierno de México -desde hace varios años- recibe recursos de USAID para programas de cuidado ambiental y la producción sostenible, sobre todo vinculados al cambio climático. Esto incluye evitar la deforestación…
También para programas de seguridad pública que incluyen asistencia y capacitación sobre temas de crimen organizado transnacional y la violencia y reducir el narcotráfico, así como para programas de derechos humanos y estado de derecho. Y en particular, para el combate a la corrupción, la impunidad y para fomentar la transparencia…
Pero eso no lo dice López Obrador. Ni tampoco Pablo Gómez.
Segundo, está claro que la actual administración ha hecho de la Unidad de Inteligencia Financiera un espacio para la persecución política de opositores, cuando debería ir más lejos pues tiene acceso a toda la información financiera de entidades públicas, privadas y particulares.
Sabría el tema de cómo se financian los grupos delictivos, pero no lo hace o se hace de la vista gorda.
Y tercero, López Obrador sigue teniendo serias dificultades para salir del embrollo Zambada, a 49 días de que termine su mandato.
La escena es la misma cada fin de sexenio: los presidentes terminan en escándalos que no sólo son suyos, sino que al final repercuten en el país, en la economía y en la estabilidad política y financiera.
Veamos en qué termina todo este affaire…
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