La cifra que registra Bachelet es la más baja de su actual gestión y de su anterior mandato entre 2006 y 2010
La desaprobación a la presidenta chilena Michelle Bachelet alcanzó en agosto su máximo nivel empujada por una investigación que involucra a su hijo y su nuera.
Un sondeo de la consultora Adimark difundido el miércoles señaló que la desaprobación trepó a 72 por ciento y que su popularidad alcanzó un 24 por ciento. Ambas cifras son las más bajas de su actual gestión y de su anterior mandato entre 2006 y 2010.
La mandataria exhibió una moderada alza -al 26 por ciento desde el 23 por ciento de julio- en la aprobación a la reforma educativa que trata de implantar a partir del próximo año y que es rechazada por los estudiantes secundarios y universitarios.
Bachelet llegó al poder en marzo de 2014 con un 62 por ciento de los votos en una elección con una abstención que bordeó el 60 por ciento del electorado.
La encuesta fue realizada a partir de entrevistas telefónicas a mil 033 personas mayores de edad en las principales urbes chilenas entre el 7 y el 28 de agosto y posee un margen de error de 3 por ciento, según la ficha del estudio.
Bachelet arrastra desde fines de 2014 una crisis derivada del financiamiento ilícito de políticos oficialistas y de la oposición de parte de grandes empresas durante la campaña electoral.
La caída en su popularidad también está amarrada al descubrimiento en febrero de los negocios inmobiliarios de su hijo Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, según Adimark y analistas políticos de todas las tendencias.
La pareja obtuvo un préstamo por 10 millones de dólares con el que compró terrenos agrícolas que vendió en 15 millones de dólares. Compagnon es dueña de 50 por ciento de la empresa que hizo los negocios.
Dávalos fue director Sociocultural del gobierno con oficina en el palacio de gobierno, sin cobrar sueldo. Tras el escándalo tuvo que renunciar.
La investigación del caso reveló que toda la información de Dávalos guardada en su computador del palacio de gobierno fue borrada.
Aunque el negocio es lícito, se aparta de la ética. La oposición demandó a la pareja por los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible con la función pública, lo que es investigado por el fiscal Luis Toledo.
Con información de AP
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