La magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que el Tribunal Electoral no está en campaña ni es un actor en el proceso electoral
La magistrada presidenta Mónica Soto defendió que sin alguna impugnación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no puede poner en duda las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, descartando así la idea de un golpe de Estado técnico.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la magistrada presidenta reiteró que el Tribunal Electoral no está en campaña ni es actor dentro del proceso electoral.
Es la última instancia, tenemos que ver las cosas en general, en perspectiva, y hacer lo que nos toca, que es resolver los medios de impugnación.
Las pasiones que se dan en los procesos electorales al Tribunal Electoral no le toca y tenemos que estar siempre con una visión de fortaleza y tomar distancia a la dinámica del proceso”, dijo.
Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tendrá hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones sobre la elección presidencial, con límite al 6 de septiembre para emitir un dictamen.
Quienes hoy integramos el Tribunal Electoral somos juristas que tenemos toda la vida en esto… los cinco integrantes que hoy estamos, estamos con un equipo de trabajo muy sólido.
Expediente que llega se analiza de manera exhaustiva y se resuelve, y por lo demás no nos involucramos en ello”, aseguró.
Respecto a las causales de nulidad de elección, se tienen la violencia política por razón de género, que se anulen el 25 por ciento o más de las casillas en todos los distritos e irregularidades graves.
También por violaciones a la Constitución, donde entrarían las intervenciones de cualquier servidor público.
Cuestionada sobre si el Tribunal Electoral prepara un golpe de Estado técnico, tal y como lo presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la magistrada presidenta Mónica Soto sostuvo que la institución es solo una garantía sobre el resultado de las elecciones.
El Tribunal ni pone ni quita candidatos, el Tribunal lo que hace es valorar lo que se presenta en un expediente para determinar si estuvo apegado a la ley, a la Constitución.
Nosotros no podemos atraer, no seguimos de oficio. Nosotros no somos Ministerio Público; nosotros no vamos a investigar, nosotros recibimos un expediente y sobre ese tenemos que hacer un análisis exhaustivo de las pruebas y hacer valoración de ellas”, sentenció.
Con información de López-Dóriga Digital
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