No tolera que acoten su poder

Con el antecedente libertario del 68, el trascendental papel de la sociedad civil en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 propició después una venturosa variedad de acciones y la fundación de instituciones autónomas que fortalecen al Estado mexicano, sirviendo de contrapeso a los poderes clásicos de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Nacieron así organismos tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI).

El empoderamiento de la sociedad civil y la canalización de algunas de sus más importantes inquietudes en instituciones que no dependieran del poder público lo celebraba y alentaba Carlos Monsiváis, uno de los intelectuales más respetados por Andrés Manuel López Obrador desde aquellos “neoliberales” años.

No obstante, siendo aún presidente electo, AMLO hizo pública su desconfianza en todo lo que oliera a sociedad civil y, al iniciar su mandato y emprender la contrarreforma educativa, extinguió el INEE y se apoderó de la CNDH imponiendo como titular a una incondicional que lo primero que hizo fue abdicar de la autonomía.

Ahora quiere eliminar lo mismo instituciones autónomas que regulan mercados asegurando igualdad de oportunidades a empresas públicas y privadas garantizando la libre competencia y sobre todo benefician a los consumidores evitando la discrecionalidad y preeminencia del gobierno.

Va también contra las que protegen derechos humanos esenciales como el de votar y ser votado en libertad, preservar la discreción de sus datos personales y ejercer su derecho a la información.

Los organismos autónomos son mecanismos constitucionales de acotamiento del poder público mediante reglas precisas y diáfana rendición de cuentas. Garantizan la democratización y la institucionalización para que ninguno de los tres poderes se conduzca sin ser escudriñado por una sociedad que antes era organizada desde el priato.

En la lógica presidencial, ninguno de esos organismos es de utilidad porque “sirven a la oligarquía” y no “al pueblo”.

Afirma que las dependencias gubernamentales pueden hacer el mismo trabajo que las autónomas, lo cual implicaría una indeseable regresión a cuando los tres poderes, en particular el Ejecutivo, eran juez y parte desde la opacidad.

Pero además de los organismos autónomos, el presidente ansía un Poder Judicial de la Federación que se pliegue a su proyecto político.

Y aunque ha dejado ver que le incomodan, parece no tener en la mira a la UNAM, el INEGI o el Banco de México. Por lo pronto al menos…