Quizá tampoco sepa que su reproche implica un sueño irrealizable: la desaparición del sistema constitucional de impartición de justicia
La semana pasada los diputados de la 4T aprobaron el Presupuesto de Egresos para 2024: nueve billones 22 mil millones de pesos, cometiendo la canallada de no destinar ni un centavo a los damnificados y la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
El número de dígitos marea: nueve millones de millones 22 mil millones de pesos que se escribe así: $9,022,000’000,000.00
Con lo que hoy tiene el gobierno, el presidente López Obrador se comprometió a destinar 61 mil millones de pesos a la zona devastada y dice que “hay en caja” 600 mil millones de pesos ($600,000’000,000.00) “para lo que se necesite”.
Nada, sin embargo, garantiza que de ese guardadote se destine un solo peso a paliar el desastre.
Más allá de lo que piense y ordene AMLO, sus bancadas prefirieron complacerlo que destinar una cantidad específica para el auxilio a los damnificados, y lo que se les ocurrió a 262 de Morena, el Verde y PT fue prometer una limosna: un mes de su inmerecida dieta o salario que suma poco menos de 20 millones de pesos. Prácticamente nada frente a la magnitud de la devastación y necesidades de alrededor de un millón de afectados en sus bienes y empleos.
Mezquinos, en lugar de etiquetar una cantidad racional para la principal fuente de ingresos de Guerrero, recortaron doce mil 762 millones de pesos a organismos autónomos y cometieron la marranada de ofrecer para Acapulco los inaccesibles 15 mil millones de pesos de los fideicomisos que se quiere arrebatar al Poder Judicial de la Federación.
Dicho de otra manera: lo que dizque “etiquetaron” para los damnificados es una entelequia, una cantidad en litigio que quizá jamás ingrese a la Tesorería de la Federación.
Así lo explicó la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde:
“Se tuvo un encuentro con la ministra presidenta (de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández). Se nos informó que, derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que presentaron 50 senadores de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros; que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte…”.
Sobre esta situación reflexionó:
“Son los propios jueces y magistrados los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones. Hay tres amparos con suspensión y una acción de inconstitucionalidad. Las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos. Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces, la jueza de la causa era (sic) agremiada a la misma organización; ella (sic) promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés…”.
Quizá tampoco sepa que su reproche implica un sueño irrealizable: la desaparición del sistema constitucional de impartición de justicia…
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