Otis y los otros dos siniestros

A propósito de Guerrero, asocio tres desgracias inconmensurables de distintas proporciones, pero igual de escalofriantes: la crisis humanitaria en Acapulco y otros municipios por el azote del huracán, la matanza de normalistas de Ayotzinapa y la muerte en vida que la 4T le inflige al ex procurador Jesús Murillo Karam.

Se antoja imposible que los sobrevivientes, deudos y familiares en cada uno de esos siniestros pasen felices fiestas decembrinas (no tendrán una “amarga navidad”, ofreció el presidente López Obrador): cientos de miles con escasa comida, sin techo, sin servicios ni empleo; otros esperando el milagro de la aparición de sus desaparecidos o un informe convincente de lo que sucedió con los jóvenes, y el ex procurador padeciendo ahora 16 o 17 enfermedades cuando al momento de su detención le afectaban solo tres.

Las tragedias no son cosa de cifras o estadísticas: lo que cada quien sufre en su persona y familia es el mayor siniestro de su vida.

Con elemental sentido común, el juez de Control del Reclusorio Norte, José Rivas González, resolvió ya decretarle prisión domiciliaria debido a su precario estado de salud.

Engrilletado con localizador electrónico pero desde su casa, Murillo podrá sortear su proceso contra los demoniacos delitos que le imputó la Fiscalía General de la República: desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.

Lo perverso de las complicidades entre fiscales y jueces motiva que el ex funcionario no quede en libertad, pues enfrenta un cuatro proceso porque dizque “torturó” al asesino Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado por la extinta PGR como sicario de Guerreros Unidos y responsable de las desapariciones.

Junto con la colosal devastación de Otis y de las familias de los estudiantes desde hace más de nueve años, Murillo Karam capotea la suya en la Torre Médica del penal de Tepepan.

Quienes lo encarcelaron quizá sí pasen una feliz navidad: los bribones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el fiscal general de la República, el pillastre ex fiscal especial del caso y el ex subsecretario de Derechos Humanos que aventó ya el arpa de la sectaria comisión de la verdad para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, o sea: todos quienes le tomaron el pelo al Presidente que comprometió su palabra con los padres y jamás la podrá cumplir.

Con 75 años de edad, a Murillo le han diagnosticado demencia o principios de alzheimer; se marea, arrastra una lesión en la espalda y otra decena de males; está en riesgo de perder la vista y se le suministra una veintena de medicamentos.

A diferencia de la desgracia por un huracán natural, el crimen de Iguala fue perpetrado, según reconoció López Obrador, por criminales coludidos con autoridades locales de Guerrero (misma versión de Murillo a cuatro meses de la masacre).

Contra el ex procurador, ni duda cabe, se está cometiendo un evidente crimen de Estado, probadamente maquinado desde el gobierno federal…