Acusar a la señora de que su silencio atiza la embestida es atribuirle poderes que no tiene y que, en democracia, mejor que no los tenga
Pese al empeño del oficialismo en hacer creer lo contrario, ni uno solo de los 13 fideicomisos que le quieren arrebatar al Poder Judicial de la Federación se destina al pago de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, en esa necedad se insiste hasta el grado anti-republicano de que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, desafió ayer a los 11 del Pleno a que le demuestren que los fideicomisos no los privilegian.
Lo cierto es que al menos seis de esos instrumentos se utilizan de forma complementaria para cubrir derechos laborales (por esto el paro de labores ayer en Ciudad de México y lo que harán los trabajadores del PJF en el resto del país).
Pareciera una frivolidad, pero lo de Mier es apenas una muestra del enorme daño que desde dos de los poderes de la Unión –Ejecutivo y Legislativo– quiere infligírsele al tercero.
Los operadores de la agresión son servidores públicos que usan una instancia federal de gobierno, la Cámara de Diputados, que le pertenece al pueblo de México y no a una facción política.
Se les ve dispuestos a hacer hasta lo ilegal con tal de satisfacer los caprichos presidenciales. Es la realidad plástica del oficialismo, que se amolda a lo que sea que su líder manifiesta cada mañana, injuria tras injuria, con el cuento de que la extinción de los fideicomisos se traduciría en la erradicación de “privilegios de los ministros”.
El reto de Mier es un paso en falso jurídico: es él quien debe demostrar que la iniciativa no afecta derechos laborales, no al revés.
Debilitar al Poder Judicial hasta su nulidad, desacreditarlo todavía más para eliminar los límites del poder presidencial, es lo que se busca y, si bien la simple extinción de los fideicomisos no asesta ese perverso golpe maestro, constituye el primer paso para materializar una trama de acciones que incluyen el recorte de cerca del 18 por ciento al presupuesto del PJF y desemboca en el llamado Plan C: promover el voto cuatrotero para lograr la mayoría absoluta en el Congreso y se aprueben las reformas constitucionales que les vengan en gana.
La maniobra conduce a un botín: recursos públicos del Poder Judicial que se puedan convertir en dinero en efectivo para la compra de votos en 2024.
De ahí los ataques permanentes y sostenidos al PJF y a sus integrantes, de quienes el mismo López Obrador ha dicho: “Ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones”.
Aturdidos por la avalancha de desinformación, hay quienes obviando la trama autoritaria culpan a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, de no poner el cuerpo ante la aplanadora.
¿Que negocie para que la extinción de los fideicomisos o el recorte del presupuesto no vuelvan inoperante al PJF? ¿Que, como sucedió del 18 al 22, acuerde en lo oscurito para beneficio del Ejecutivo?
Acusar a la señora de que su silencio atiza la embestida es atribuirle poderes que no tiene y que, en democracia, mejor que no los tenga…
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