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Fue un montaje milimétricamente calculado. El operativo en campo supuestamente estuvo blindado, pero durante las primeras dos jornadas, el personal de la Comisión de Encuestas de Morena —por “problemas logísticos”—apenas si pudo completar 150 entrevistas, del millar que estaban contempladas en el cronograma de levantamiento.

Las cuatro casas encuestadoras —Heliga Consultores, Mercaei, Demotecnia-De las Heras y Buendía & Márquez — recibieron oportunamente copia del cuestionario y las coordenadas de los puntos de levantamiento, determinados en el diseño muestral. En cambio, los representantes de los cuatro de los seis aspirantes —Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Manuel Velasco—, se quejaron de que no fueron informados a tiempo.

Los integrantes de la Comisión de Encuestas prefirieron pecar de precavidos, que tolerar injerencias indebidas, ya fueran coerciones o incurias. En los cinco días siguientes, la evidencia demostró que técnicamente no estuvieron a la altura del reto.

En ese periodo, el equipo de Marcelo Ebrard recabó reportes de 154 puntos de levantamiento en los que hubo incidencias graves; de los cuales, dos terceras partes se registraron en la IV circunscripción, que comprende la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, todos gobernados por Morena.

Las brigadas ebraristas acudieron a notarios públicos, para certificar la validez de sus pruebas. Un gesto oneroso y completamente inútil, pues el acuerdo firmado en El Mayor por los seis aspirantes ante el presidente Andrés Manuel López Obrador anuló tajantemente cualquier recurso de reclamación o impugnación.

La supervisión del ejercicio demoscópico fue un desperdicio de tiempo y recursos, una charada. Los representantes de los aspirantes tuvieron que quedarse a cinco metros de distancia de los encuestadores, sin constatar fehacientemente sobre la aplicación de los cuestionarios.

Para elegir al coordinador nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, la dirigencia del partido se alejó de la austeridad republicana. Además de contratar a las casas encuestadoras, contrató una empresa de seguridad privada para el acopio de 1,200 mochilas transparentes, donde los encuestados depositaron la boleta en la que marcaron su preferencia.

Mario Delgado, presidente del CEN morenista, personalmente escoltó a la caravana de vehículos blindados de la empresa Tameme que transportó los paquetes —con las mochilas y las actas de recepción, firmadas por los representantes de los aspirantes— al World Trade Center.

Allí ocurrirá otro montaje, Delgado dixit. En áreas separadas del centro de exposiciones, los representantes de los aspirantes —sin celulares— pudieron inspeccionar los paquetes, antes de su apertura. Personal del partido procedió capturar los datos y enseguida, las casas encuestadoras hicieron el procesamiento y la ponderación. La urna con las papeletas fue colocada ante una cámara de video. El conteo no fue atestiguado por los representantes de los aspirantes.

Un proceso tortuoso, con demasiados candados de seguridad que buscaban acabar con el sospechosismo de los ebraristas. Un desperdicio de tiempo y de recursos: la noche del pasado lunes 4, después de reunirse con su staff, el excanciller valoró sus opciones y decidió quedarse en el lugar correcto de la historia. La aceptación de los resultados, empero, no necesariamente significa levantar la mano de la presunta triunfadora.

Efectos secundarios
ACAPARAMIENTOS. Por el mismo camino, un grupo de proveedores de los servicios de aseo y mantenimiento para los inmuebles del gobierno federal han obtenido fructíferos contratos, en el último bienio. Entre ellos están Servicios Integrales Valbon, Comyser Qualifield, Limpieza Jored y RGC Supply. Otras empresas del sector que han rechazado la asesoría de José Juan Reyes Domínguez, han quedado al margen, no obstante cumplir con los requisitos establecidos en el contrato-marco por la Secretaría de Hacienda.