En la misma línea discursiva que otros órganos autónomos bajo asedio de la 4T –el INE, primero, y posteriormente el INAI– los contenidos de #LaCorteContigo y #SoyLaConstitución buscan “robustecer la confianza de la sociedad en la SCJN” y están protagonizados por servidores públicos… ninguno de ellos togado
Convocados por Norma Piña Hernández, dos ministros y un magistrado se ausentaron de una sesión solemne en la que la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal advirtió sobre los riesgos de un recorte presupuestal.
Con su ausencia en esta reunión conjunta, Yasmín Esquivel, Alfredo Ortiz Mena y José Luis Vargas patentizaron su postura sobre el endurecimiento del discurso de la titular del Poder Judicial de la Federación. En el salón de plenos, Loretta Ortiz y Arturo Saldívar no aplaudieron a la ministra presidenta, quien optó por la eficacia, por encima de la racionalidad.
La sanción del proceso electoral más grande la historia contemporánea y la implementación del nuevo de justicia laboral (con la creación de 45 órganos jurisdiccionales especializados) y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se sumarán al desahogo de 1.3 millones de nuevos expedientes y el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública.
A casi nueve meses de asumir la presidencia de la SCJN, Piña Hernández ha tenido que pagar el costo de dos nombramientos polémico: María Fernanda Casanueva, como secretaria ejecutiva de administración del Consejo de la Judicatura, y Ricardo Márquez Blas, como coordinador de Fortalecimiento Institucional.
Casanueva –quien fue oficial mayor en las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores, en el sexenio pasado– estuvo a cargo de elaborar la propuesta integral de presupuesto que Piña Hernández envió al titular del Ejecutivo federal. En tanto que Márquez Blas definió la estrategia de seguridad que será desplegada para garantizar la integridad de los impartidores de justicia, sus colaboradores y sus familias.
“La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, definió la ministra presidenta.
Adiós a la austeridad republicana. La ministra presidenta advirtió que en los últimos cuatro años hubo una disminución del 15.4% en términos reales a los recursos canalizados a la Judicatura Federal. El incremento solicitado para el año fiscal 2024, insistió, es necesario e indispensable para garantizar la continuidad de sus funciones.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, sentenció. “Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
En la víspera, la ministra presidenta autorizó el lanzamiento de una campaña publicitaria para visibilizar su esfuerzo por impulsar una justicia centrada en las personas, a través de un spot que transmitirá por radio, televisión y redes sociales, acompañado de materiales publicados en espacios exteriores y difundidos al interior de la institución.
En la misma línea discursiva que otros órganos autónomos bajo asedio de la 4T –el INE, primero, y posteriormente el INAI– los contenidos de #LaCorteContigo y #SoyLaConstitución buscan “robustecer la confianza de la sociedad en la SCJN” y están protagonizados por servidores públicos… ninguno de ellos togado.
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