La defensa de Trump pidió a un tribunal de la ciudad de West Palm Beach poder examinar y debatir sobre el material clasificado
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), solicitó a un tribunal de Florida que le permita revisar con su equipo legal en un lugar distinto al designado los documentos clasificados hallados en su residencia y club privado de Mar-a-Lago, en la costa sureste de este estado.
En un documento de 99 páginas, la defensa de Trump respondió a una petición del Gobierno sobre protección información clasificada y pidió a un tribunal de la ciudad de West Palm Beach poder examinar y debatir sobre el material clasificado en “lugares aprobados que no sean las instalaciones designadas” para ello en el Distrito Sur de Florida.
En la moción, interpuesta en la corte de la citada ciudad, al norte de Miami, se alegan además “costos prácticos y logísticos”.
La moción solicita ubicaciones aprobadas bajo lo que se conoce como Instalaciones de Información Compartimentada Sensible (SCIF), que incluyan espacios donde Trump “anteriormente discutió (y revisó) información clasificada durante su mandato como presidente de los Estados Unidos”, cerca de su residencia personal.
“Para que el presidente Trump y su equipo legal puedan discutir información clasificada de manera sustantiva con la regularidad necesaria para preparar una defensa adecuada, solicitamos respetuosamente que la Corte apruebe el restablecimiento de una instalación segura”, argumenta la moción.
De esta manera, añade, “el presidente Trump solicita respetuosamente que se modifique la orden de protección propuesta por la CIPA o Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Classified Information Procedures Act).
“El presidente Trump se opone a la orden de protección propuesta en la medida en que no le permite a él y a su abogado discutir el material supuestamente clasificado relevante dentro de un instalación segura apropiada en o cerca de su residencia personal”, precisa el documento.
En cuanto a los cargos adicionales que se le imputaron a Trump el 27 de julio pasado, dos de ellos relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, la defensa defiende que “no se borraron ni destruyeron cintas de video”.
De hecho, apunta, Trump presentó a la oficina del fiscal especial “lo que equivale a más de ocho años de imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión).
En julio pasado, el fiscal federal Jack Smith, a cargo del caso, solicitó a la jueza Aileen Cannon, de Florida, que ordene que la información clasificada en el caso solo se pueda ver, almacenar y discutir en entornos controlados bajo la supervisión de un oficial de información clasificada designado.
Trump fue acusado de 37 delitos graves por su supuesta retención ilegal de documentos clasificados y sus supuestos esfuerzos para obstruir la investigación del Gobierno,
Está citado este jueves ante el tribunal a cargo del caso penal por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022 para la lectura de tres nuevos cargos, pero el examandatario pidió no comparecer en persona y se declaró no culpable por escrito.
La jueza Aileen Cannon aún no respondió esta petición de los abogados de Trump para renunciar a su derecho de asistir a la lectura de cargos, pero sí lo hizo y negativamente a una petición de una “coalición de medios” de comunicación.
La jueza dijo este miércoles “no” a que los medios puedan llevar dispositivos electrónicos al tribunal de Fort Pierce (Florida), localidad a 200 kilómetros de Miami, donde se ventila el caso.
Además de Trump están citados mañana ante la jueza Shaniek Mills Maynard, a las 10.00 hora local (14.00 GMT), Waltine Nauta y Carlos De Oliveira, dos empleados del expresidente acusados de ayudarle a ocultar los documentos clasificados.
Con información de EFE
Minuto a minuto
